El gobernador Alberto Weretilneck volvió a cuestionar este martes la demora histórica de la Nación en la ejecución de la obra sobre la Ruta Nacional 22 y afirmó que, desde el inicio del proyecto de ampliación entre Chichinales y Cipolletti, “en 18 años” el Estado nacional sólo construyó 45 kilómetros. La definición se inscribe en la ofensiva política y administrativa del gobierno rionegrino para asumir en forma directa la operación, el mantenimiento y la conservación de las rutas nacionales 22 y 151 en territorio provincial.

Según planteó el mandatario, el corredor vial arrastra años de paralización y falta de definiciones pese a tratarse de una traza estratégica para la producción, la circulación cotidiana y la conexión del Alto Valle. La ampliación de la RN 22 en el tramo Chichinales-Cipolletti ya figuraba en el Plan Nacional de Inversiones Públicas 2008-2010, con distintas secciones previstas para su ejecución, lo que da cuenta de la antigüedad del proyecto y de su prolongado desarrollo inconcluso.

La referencia a los 45 kilómetros encuentra un antecedente documental en licitaciones oficiales de la entonces Dirección Nacional de Vialidad, donde una de las secciones del tramo Chichinales-Cipolletti aparece con una longitud aproximada de 45 kilómetros ya en la planificación de obra pública. En paralelo, el gobierno provincial sostiene que buena parte del corredor permanece bajo contratos nacionales vigentes, lo que limita por ahora una intervención directa sobre todo el trazado y obliga a segmentar las futuras acciones.

En ese escenario, Río Negro viene avanzando desde abril en negociaciones con la Nación para redefinir el esquema jurídico y operativo de ambas rutas. El Ejecutivo provincial ratificó en los últimos meses que busca hacerse cargo de la RN 22 entre Río Colorado y Cipolletti y de la RN 151 desde Cipolletti hasta el límite con La Pampa, bajo un esquema que permita atender primero los sectores más deteriorados y luego proyectar soluciones de fondo.

La hoja de ruta oficial contempla una primera etapa enfocada en recuperar condiciones básicas de transitabilidad y seguridad. Entre las prioridades mencionadas por la Provincia aparecen la rotonda de Choele Choel, el Puente 83 en Cipolletti y dos intervenciones claves sobre la Ruta 151: el tramo entre Barda del Medio y Catriel y el puente ferroviario en la zona cipoleña. En paralelo, el gobierno rionegrino analiza estudios integrales para los sectores que todavía siguen alcanzados por contratos nacionales.

Para financiar ese primer paquete de trabajos, la Provincia gestiona un crédito internacional de 60 millones de dólares ante Fonplata. De acuerdo con la información conocida hasta ahora, esos fondos estarían destinados a tareas de recuperación, bacheo, banquinas y señalización sobre unos 305 kilómetros de corredores “liberados”, mientras que los tramos con contratos nacionales activos quedarían fuera de la primera intervención.

La discusión por la infraestructura vial se da en una zona donde la Ruta 22 concentra el movimiento frutícola, comercial y urbano del Alto Valle, además de conectar con Neuquén y otros nodos logísticos de la Patagonia norte. La Ruta 151, en tanto, es clave para la vinculación con el norte rionegrino, La Pampa y el área energética, en un contexto en el que el deterioro del corredor viene siendo motivo de reclamos de transportistas, municipios y usuarios.

Weretilneck, de todos modos, no centró sus críticas sólo en la actual gestión nacional. Según expuso, el retraso sobre la Ruta 22 atraviesa a distintos gobiernos nacionales y expresa un problema estructural de desinversión en obras consideradas estratégicas para Río Negro. Esa lectura es la que el oficialismo provincial utiliza para justificar el traspaso de competencias y la futura declaración de emergencia vial, una herramienta que buscaría acelerar contrataciones y ordenar el financiamiento.

Con ese argumento, la Provincia intenta instalar que la discusión ya no pasa únicamente por reclamar a Buenos Aires, sino por definir cómo se ejecutarán las obras pendientes y con qué recursos. El dato de los “45 kilómetros en 18 años” quedó así como síntesis política de un reclamo de larga data sobre uno de los corredores más sensibles del norte patagónico.