La Justicia de Río Negro ordenó avanzar con la ejecución de fondos de al menos siete obras sociales por deudas vinculadas a prestaciones médicas brindadas en hospitales públicos de la provincia. Según la información difundida este martes, el monto alcanzado en esta etapa ronda los 410 millones de pesos y corresponde a servicios efectivamente prestados a afiliados con cobertura.

La medida judicial se apoya en sentencias firmes y forma parte de la estrategia iniciada por el Ministerio de Salud provincial, con intervención de la Fiscalía de Estado, para recuperar recursos que el sistema público destinó a pacientes que contaban con obra social. El eje del planteo oficial es que esas entidades utilizaron la red hospitalaria rionegrina, pero no cancelaron en tiempo y forma los costos de atención.

Entre las entidades alcanzadas aparecen obras sociales vinculadas a mecánicos, empresarios, profesionales y monotributistas, conductores de transporte colectivo de pasajeros, trabajadores de la industria del hielo, personal de seguridad privada, petroleros privados y actividad hípica. De acuerdo con los datos conocidos, las ejecuciones corresponden a una primera tanda de casos que ya superaron la instancia de discusión judicial.

Los expedientes tramitan ante el Juzgado en lo Contencioso Administrativo Nº 13 de Viedma, a cargo de Julián Fernández Eguía. Allí se encuadran los reclamos bajo la Ley Provincial 5754, que estableció el Régimen de Recupero de Fondos por Servicios Asistenciales del Sistema de Salud Pública y fijó la obligatoriedad de reintegrar al Ministerio de Salud los gastos originados por atención clínica, quirúrgica, internación, farmacia, traslados y otras prácticas realizadas en hospitales públicos.

Esa norma fue sancionada el 31 de octubre de 2024, promulgada por el Decreto 398/2024 y puesta en vigencia en noviembre de ese año. El régimen habilita a la Provincia a reclamar pagos a obras sociales, empresas de medicina prepaga, aseguradoras de riesgos del trabajo y también a pacientes con capacidad contributiva cuando recurren al sistema sanitario estatal.

El Gobierno rionegrino ya había anticipado en mayo de 2025 una ofensiva administrativa y judicial para exigir la regularización de las deudas. En ese momento, el Ministerio de Salud informó que había intimado a 140 obras sociales y estimó en 5.500 millones de pesos el volumen total reclamado por prestaciones realizadas en hospitales públicos de la provincia.

En paralelo, fuentes oficiales habían señalado que, al comienzo de las acciones judiciales, un grupo de entidades concentraba pasivos por unos 1.042 millones de pesos. La ejecución ahora conocida marca, en ese contexto, un avance concreto en el recupero de parte de esos fondos, que la Provincia busca redestinar al funcionamiento hospitalario.

La legislación rionegrina establece que lo recaudado debe aplicarse al mejoramiento y equipamiento del sistema público de salud, al fortalecimiento de los recursos humanos y a un fondo de redistribución para los hospitales. En un escenario de presión permanente sobre guardias, insumos, medicamentos y traslados, el recupero de acreencias aparece para la Provincia como una herramienta de financiamiento complementaria para sostener la red sanitaria en todo el territorio.

El avance judicial también expone un cambio de criterio en la relación entre el Estado provincial y los terceros pagadores. Con la nueva ley, Río Negro consolidó un mecanismo propio para reclamar en sede administrativa y judicial lo que considera gastos recuperables, con impacto directo sobre hospitales cabecera y centros de salud que absorben derivaciones y prestaciones de alta complejidad en distintas regiones de la provincia.