Un intento de ocupación en un predio del oeste de la ciudad de Neuquén fue desactivado por orden judicial, en medio de un operativo policial y de nuevas denuncias impulsadas por organismos provinciales. El terreno estaba previsto para el desarrollo de un complejo habitacional y el caso volvió a poner en primer plano la tensión por el acceso al suelo urbano en la capital.
Según se informó, la toma se desarrolló en un lote donde se proyectaba una obra del Instituto Provincial de Vivienda y Urbanismo. La intervención comenzó después de que el propietario realizara una denuncia penal y pidiera la actuación de la Policía provincial para impedir el avance del asentamiento.
La fiscalía dispuso medidas y personal policial se presentó en el lugar para frenar el ingreso de nuevas personas y ordenar el desalojo de parte de quienes ya estaban instalados. Durante el fin de semana, además, se reforzó la vigilancia para evitar que la ocupación volviera a crecer.
A la denuncia original del dueño del terreno se sumó una segunda presentación del organismo de vivienda provincial, que remarcó que en ese espacio estaba previsto ejecutar un proyecto habitacional. Esa intervención buscó reforzar la actuación judicial y respaldar la recuperación del predio.
Las estimaciones oficiales indicaban que la ocupación había llegado a reunir a más de 100 personas, entre adultos y niños. Ese dato expuso la magnitud que había tomado el asentamiento en pocos días y la complejidad social de un conflicto que combina necesidad habitacional con presuntos delitos de usurpación.
Desde el Gobierno neuquino se indicó que en el lugar ya se habían detectado materiales, leña y otros elementos de acampe. También se señaló que el predio había sido reservado para una urbanización con cientos de viviendas, lo que elevó la preocupación por el impacto de la toma sobre una planificación ya en marcha.
El episodio se produce en un contexto de fuerte presión sobre la tierra urbana en Neuquén, donde el crecimiento demográfico y la actividad económica empujan la demanda habitacional. En ese escenario, cada intento de ocupación abre un debate entre la respuesta judicial inmediata y la falta de soluciones estructurales para sectores con dificultades de acceso a un lote o una vivienda.
Por ahora, el ingreso al predio quedó cerrado y la causa sigue bajo análisis en la Justicia. El foco oficial está puesto en impedir nuevas ocupaciones y retomar el destino original del terreno para el plan habitacional previsto.