La Legislatura de Río Negro fue convocada para sesionar el próximo jueves 3 de septiembre y el debate central estará puesto en el convenio firmado entre la Provincia y el Gobierno nacional para avanzar con el traspaso de las rutas nacionales 22 y 151. La definición política ya fue anticipada por el oficialismo, aunque al cierre de esta edición el expediente aún debía ingresar formalmente al Parlamento provincial.

El acuerdo fue suscripto el 24 de agosto por el gobernador Alberto Weretilneck junto a funcionarios nacionales y abrió el proceso para que Río Negro pase a gestionar, administrar y mantener esos corredores viales. Se trata de dos trazas estratégicas para la conexión del Alto Valle, la región petrolera y el resto del territorio provincial, en un contexto de reiterados reclamos por el deterioro de la infraestructura y la paralización de obras.

Según informó el Gobierno provincial, el esquema prevé una transferencia progresiva por 20 años sobre 13 tramos de las rutas 22 y 151, con una extensión total de 518 kilómetros. Dentro de las intervenciones consideradas prioritarias aparecen la finalización de la rotonda entre las rutas 22 y 250 en Choele Choel, trabajos de reacondicionamiento sobre la Ruta 151 entre Barda del Medio y Catriel y una intervención en el sector de Puente 83, en Cipolletti.

En la sesión del 3 de septiembre, además del convenio, podría tratarse un paquete complementario vinculado a la emergencia vial. Esa declaración le daría al Ejecutivo herramientas administrativas excepcionales para acelerar decisiones sobre mantenimiento y obras, y se sumaría a un pedido de autorización para tomar financiamiento por hasta 60 millones de dólares destinado a las acciones previstas sobre ambas rutas.

La discusión legislativa llegará después de una serie de gestiones que el Gobierno rionegrino viene desarrollando desde abril con la administración nacional. En junio, la Provincia ya había conformado una mesa de trabajo para definir los aspectos legales, técnicos y financieros del traspaso, y a comienzos de agosto había ratificado ante Nación su intención de asumir el mantenimiento y mejoramiento de esos corredores nacionales.

Un día después de la firma del convenio, Weretilneck presentó en Cipolletti los alcances del plan ante intendentes, legisladores y referentes políticos de la zona. Allí, el ministro de Obras y Servicios Públicos, Alejandro Echarren, detalló que la Provincia no prevé una solución inmediata sino un esquema gradual de intervención, con prioridades fijadas sobre los tramos más comprometidos por el estado de la calzada y por su peso en la circulación regional.

Junto al tema vial, el Ejecutivo podría incorporar otros proyectos a la agenda parlamentaria. Entre las iniciativas en análisis figura la creación de un ente único regulador de los servicios públicos provinciales, con carácter autárquico, para concentrar funciones hoy repartidas en distintos organismos. También podría sumarse una reforma de la Ley de Carnes para habilitar, bajo nuevas condiciones, la comercialización de carne proveniente de especies silvestres.

Además de los asuntos que remita el Gobierno, la Cámara podrá avanzar con expedientes que ya atravesaron su primera vuelta. Entre ellos figuran propuestas sobre un marco de actuación sanitaria ante pacientes que rechacen transfusiones de sangre por razones religiosas o de conciencia, la implementación del Protocolo Provincial de Alerta Sofía y la creación de una fiscalía descentralizada y una defensoría penal con asiento en Sierra Grande.

El oficialismo llegará a la sesión con la intención de ordenar un temario atravesado por cuestiones de gestión e infraestructura. Para Río Negro, el tratamiento del convenio por las rutas 22 y 151 aparece como una definición de alto impacto político y regional: no sólo por el deterioro histórico de esos corredores, sino también porque formalizaría un cambio de esquema en la relación entre la Provincia y la Nación sobre obras viales claves para la producción, la seguridad y la integración patagónica.