La discusión por una eventual reforma del sistema de votación volvió a instalarse en la Legislatura de Río Negro. Un grupo de legisladores presentó un pedido de informes para exigirle al Gobierno provincial que precise si está dispuesto a aplicar la Boleta Única Papel en las elecciones de 2027, en el marco del tratamiento del proyecto de ley 44/2026, que propone modificar el Código Electoral y de Partidos Políticos de la provincia.

La iniciativa parlamentaria quedó formalizada como pedido de informes 839/2026 y fue impulsada por legisladores de distintos bloques opositores. Entre los firmantes figuran Patricia Mc Kidd, Gabriela Picotti, Santiago Ibarrolaza, Claudio Doctorovich, Marcela González Abdala, José Luis Berros, Ayelén Spósito, Magdalena Odarda, Carmelio Pilquinao, Luciano Delgado Sempé, Martina Lacour y Daniel Sanguinetti.

El reclamo toma como antecedente el proyecto de ley 44/2026, incorporado al trámite legislativo el 30 de abril de este año, con el objetivo de establecer la Boleta Única Papel para las elecciones provinciales. Según el texto original de la propuesta, el cambio alcanzaría a todas las categorías provinciales y contemplaría una sola papeleta para todas las agrupaciones políticas, con diseño a cargo del Juzgado Electoral y costo de impresión asumido por el Poder Ejecutivo.

De acuerdo con los fundamentos difundidos por los autores, el expediente fue remitido en mayo a la Dirección de Asuntos Electorales, organismo que depende del Ministerio de Gobierno y Trabajo, para su análisis técnico y eventual formulación de observaciones. La oposición sostiene que, pese a una nota elevada en junio al ministro Agustín Ríos, todavía no hubo una respuesta oficial sobre el estado de esa evaluación.

En ese marco, el pedido de informes busca que el Ejecutivo detalle si existen estudios sobre la factibilidad técnica, logística, económica y financiera de implementar la Boleta Única Papel en Río Negro. También requiere que, en caso de haberse realizado, esos informes sean remitidos a la Legislatura junto con estimaciones presupuestarias que permitan comparar el costo del sistema actual de boletas partidarias con un eventual nuevo esquema.

Otro de los puntos centrales apunta a una definición política y jurídica del Gobierno frente al nuevo régimen nacional. La ley nacional 27.781 incorporó la Boleta Única Papel para las elecciones nacionales y quedó promulgada en octubre de 2024. A partir de esa reforma, la Cámara Nacional Electoral aprobó en abril de 2025 las pautas de diseño y los modelos base para su primera implementación en comicios legislativos nacionales.

El proyecto rionegrino también cita como antecedente la acordada extraordinaria 148/2025 de la Cámara Nacional Electoral, mencionada en los fundamentos del expediente 44/2026. Allí se señaló que la ciudadanía y los actores del sistema electoral habrían incorporado el nuevo instrumento “sin mayores dificultades”, aunque ese antecedente corresponde al plano nacional y no implica, por sí mismo, su adopción automática en los distritos provinciales.

La Dirección de Asuntos Electorales, señalada como área de consulta dentro del Ejecutivo, funciona bajo la órbita del Ministerio de Gobierno y Trabajo y tiene entre sus competencias la información y asistencia vinculada a los procesos electorales. Por eso, los legisladores consideran que su intervención resulta clave para destrabar la discusión y definir si habrá acompañamiento oficial a una reforma del Código Electoral antes del próximo turno provincial.

El debate no es nuevo en Río Negro. En años anteriores ya hubo iniciativas vinculadas a la Boleta Única, aunque hasta ahora ninguna derivó en un cambio del sistema vigente para elegir autoridades provinciales. La diferencia, esta vez, es que el tema vuelve a escena después de la reforma nacional que instauró la Boleta Única Papel para cargos federales y reavivó la discusión en varias provincias.

Con ese telón de fondo, el pedido opositor busca forzar una respuesta antes de que avance el calendario hacia 2027. La definición que adopte el Ejecutivo no sólo incidirá sobre el proyecto en tratamiento, sino también sobre la organización electoral, los costos de implementación, la capacitación de autoridades de mesa y votantes, y el diseño de una eventual reforma política en Río Negro.