El control de asistencia mediante reconocimiento facial para trabajadores estatales de Río Negro avanza en el sistema de Salud y genera a la vez nuevas preguntas sobre su implementación. Según la información oficial remitida a la Legislatura, el esquema ya está operativo en el hospital de San Antonio Oeste, fue instalado en el hospital de General Roca y se prevé su puesta en marcha durante septiembre en la sede central del ministerio en Viedma.

La expansión alcanza, de acuerdo con esos datos, a unos 1.250 agentes entre los tres establecimientos. En San Antonio Oeste trabajan alrededor de 220 personas; en General Roca, unas 730; y en Viedma la cifra ronda los 300 empleados. La extensión del sistema forma parte de un plan más amplio para llevar la biometría facial a hospitales y centros de salud de la provincia.

En junio, legisladores opositores pidieron informes para conocer los fundamentos de la contratación, el costo del servicio y las tareas asignadas a la empresa Airata, señalada como proveedora de una parte de la plataforma tecnológica. El Ministerio de Salud se apartó de la respuesta al argumentar que no intervino en esa contratación, y la contestación quedó en manos de la sociedad estatal Altec y del Ministerio de Modernización.

Altec explicó que fue contratada por la Provincia para implementar la solución de biometría facial destinada al personal de Salud, y que a su vez subcontrató a Airata para un componente acotado: la plataforma del motor de verificación biométrica. La empresa estatal sostuvo que esa elección surgió de una investigación de mercado sobre seis proveedores y que Airata ofreció la mejor combinación de madurez tecnológica, capacidad de despliegue, soporte y condiciones económicas.

Sin embargo, las respuestas oficiales no precisaron cuánto cuesta la contratación de Airata. Altec sostuvo que el monto que corresponde informar es el del contrato global entre la Provincia y la sociedad estatal, que asciende a 1.226 millones de pesos. Ese convenio incluye una inversión inicial superior a 953 millones de pesos para provisión, desarrollo y puesta en marcha de terminales de registro en 38 hospitales y 190 centros de salud, más un costo anual de unos 272 millones de pesos por la licencia y el uso de la plataforma para aproximadamente 7.200 agentes de la cartera sanitaria.

La protección de los datos biométricos ocupó buena parte de la respuesta oficial. Altec afirmó que la titularidad y el control de esas bases corresponden a la Provincia, a través de la Secretaría de la Función Pública, y aseguró que Airata actúa como encargada del tratamiento de datos, sin poder usarlos para fines propios ni conservarlos más allá de los plazos autorizados.

Modernización, por su parte, ratificó que la participación de la empresa privada se limita a la provisión de la plataforma de verificación de identidad para el registro de asistencia y destacó una arquitectura de seguridad basada en identidad digital, criptografía de curvas elípticas y almacenamiento segregado de la información. También señaló que el sistema no se apoya en el consentimiento integral del agente, sino en el cumplimiento de obligaciones legales y en el ejercicio de funciones públicas vinculadas al control de asistencia.

El avance del esquema ya produjo resistencia entre trabajadores estatales, que comenzaron a presentar objeciones individuales por no prestar consentimiento para el registro facial. En ese marco, UPCN analiza la posibilidad de un recurso de amparo, según anticipó su delegada en el sector, mientras persisten las críticas sindicales por la participación de una firma privada en un sistema que el Gobierno provincial presenta como una herramienta de control y modernización administrativa.