La Biblioteca del Congreso quedó envuelta en una nueva polémica tras la designación de Nahuel Picoli Fortuny como director coordinador general, una decisión impulsada en la comisión bicameral por el senador rionegrino Enzo Fullone y resistida por sectores de la oposición y por trabajadores legislativos. El nombramiento se produjo en una reunión constitutiva realizada el 3 de septiembre, en un contexto de tensión interna por la salida del anterior responsable administrativo y por objeciones al procedimiento de votación.

Picoli Fortuny no llega desde afuera del universo libertario rionegrino. Su nombre ya aparecía ligado a la estructura política de La Libertad Avanza en la provincia, donde actuó como apoderado partidario. También integró el esquema legislativo vinculado a Fullone en el Senado, un dato que fue utilizado por diputados opositores para cuestionar la imparcialidad y el criterio de la propuesta.

A ese vínculo político se suma otro de carácter comercial. Registros públicos de Río Negro muestran que Fullone y Picoli integraron la sociedad Riu Construcciones SRL, constituida en General Roca en 2017. En esa firma, Fullone figura como socio gerente y Picoli como uno de los socios. Ese antecedente empresarial refuerza la lectura de que la designación no fue una incorporación técnica aislada, sino el desembarco de una persona de confianza del senador rionegrino en un organismo sensible del Congreso.

Durante la discusión en la bicameral también reaparecieron antecedentes judiciales de conocimiento público que ya habían sido motivo de cuestionamientos. En la reunión, según reconstruyeron medios parlamentarios, se mencionó una denuncia de violencia intrafamiliar y otras actuaciones judiciales vinculadas a Picoli Fortuny. El propio designado sostuvo que no registra antecedentes penales y que el episodio aludido correspondió a un conflicto familiar por el que se dispusieron medidas preventivas. Ese punto, por ahora, convive entre la existencia de actuaciones judiciales públicas y la defensa que hizo el funcionario sobre su situación personal.

La controversia no se limitó a su frente judicial. El nombre de Picoli también había quedado expuesto en Río Negro durante el escándalo por las fichas de afiliación de La Libertad Avanza. En 2024, la conformación partidaria en la provincia derivó en denuncias por avales y adhesiones presuntamente irregulares. En ese expediente político y judicial, distintos actores del propio espacio y de la oposición apuntaron al entorno que manejaba la ingeniería partidaria, donde Picoli aparecía como uno de los apoderados con intervención formal.

En aquel episodio, la propia fuerza reconoció que había retirado un lote de fichas observado durante una auditoría interna, mientras la Justicia avanzaba con peritajes sobre la documentación presentada. Si bien las responsabilidades penales o electorales individuales no quedaron establecidas en los registros públicos relevados, el caso dejó una marca política sobre quienes participaron del armado partidario en Río Negro, entre ellos Picoli Fortuny.

La designación en la Biblioteca del Congreso también salpicó de lleno a Fullone. El senador integra formalmente la comisión administradora del organismo y fue señalado como el principal promotor del nombramiento. La escena posterior a la reunión, con reproches de trabajadores y denuncias opositoras sobre supuestas irregularidades en la votación, profundizó el costo político de una decisión que excede lo administrativo y se mete de lleno en la interna de poder del oficialismo y sus aliados.

Desde el oficialismo defendieron a Picoli Fortuny por su perfil de abogado y por su conocimiento de la estructura parlamentaria. Sus cuestionadores, en cambio, sostienen que el problema no pasa sólo por sus antecedentes, sino por el modo en que se resolvió la designación y por la concentración de cargos estratégicos en dirigentes estrechamente ligados a armadores políticos de La Libertad Avanza.

Para Río Negro, el episodio tiene además una lectura propia. Fullone llegó al Senado como reemplazante de Lorena Villaverde y en los últimos meses buscó consolidar volumen político en la provincia. La promoción de un socio y dirigente de su confianza para un puesto clave en la Biblioteca del Congreso se inscribe en esa estrategia de construcción, pero al mismo tiempo reactiva viejos expedientes, denuncias cruzadas y un historial que el oficialismo rionegrino no logra dejar atrás.

Con ese trasfondo, la llegada de Picoli Fortuny a la Biblioteca del Congreso abre un frente delicado para la conducción parlamentaria. La discusión ya no se agota en un nombre propio: pone en debate los criterios de designación, el peso de las redes políticas provinciales en organismos nacionales y la capacidad del oficialismo para sostener decisiones bajo escrutinio público.