Un grupo de docentes de Río Negro puso en marcha una propuesta para que la Informática sea incorporada como materia específica, obligatoria y de implementación progresiva en las escuelas primarias y secundarias de la provincia. La iniciativa es impulsada por profesores vinculados a la Asociación de Docentes de Informática y Computación de la República Argentina (ADICRA), que sostienen que hoy el acceso a estos contenidos depende de la orientación de cada escuela y no está garantizado como derecho universal.

El planteo tomó estado público a partir de una campaña bajo el lema “Informática es un derecho”, con participación de docentes de Chimpay, Lamarque y Cipolletti, entre otras localidades. Los impulsores sostienen que la propuesta busca que la enseñanza de programación, pensamiento computacional, sistemas, datos, redes, ciudadanía digital, robótica e inteligencia artificial deje de depender de experiencias aisladas y pase a integrar la currícula común con docentes especializados.

El marco legal provincial hoy contempla la temática, aunque de otra manera. La Ley Orgánica de Educación de Río Negro N.º 4819 establece que la educación mediada por tecnologías de la información y la comunicación debe desarrollarse transversalmente en todos los niveles y modalidades. Además, dispone que el Consejo Provincial de Educación debe promover la alfabetización digital, la asignación de recursos tecnológicos y la formación docente en herramientas digitales.

Sin embargo, la misma norma no fija de manera expresa a la Informática como materia independiente con carga horaria propia en toda la escolaridad obligatoria. Ese es el punto central del reclamo docente: diferenciar entre usar tecnologías como apoyo para enseñar otras asignaturas y enseñar Informática como disciplina con contenidos específicos y continuidad pedagógica.

En ese diagnóstico, los docentes remarcan que en Río Negro existen escuelas secundarias con orientación en Informática, pero no una cobertura universal. La propia información oficial de la provincia sobre las orientaciones de la ESRN muestra que hay establecimientos que incorporaron esa orientación, entre ellos el entonces CEM 25 de Chimpay y el CEM 7 de Lamarque, aunque esa oferta convive con un esquema desigual entre localidades e instituciones.

La comparación con Neuquén aparece como parte del argumento. En esa provincia, la política educativa digital tiene una estructura institucional específica y suma herramientas de formación y equipamiento. La Dirección General de Innovación y Contenidos Digitales informa que en la Nueva Escuela Secundaria Neuquina la Informática ya aparece incorporada en primero, segundo y tercer año, mientras que los Núcleos de Aprendizajes Prioritarios de educación digital, programación y robótica fueron integrados al diseño curricular.

A eso se agrega el lanzamiento del Plan Pehuén, presentado por el gobierno neuquino como una política integral de transformación tecnológica del sistema educativo. En su sitio oficial, el programa informa entregas de equipamiento en decenas de establecimientos y acciones orientadas a ampliar el acceso a tecnología, fortalecer capacidades digitales y sostener plataformas y programas educativos en toda la provincia.

En Río Negro, el debate se abre sobre una base normativa ya existente, pero con un alcance distinto. La ley provincial garantiza acceso a las TIC, alfabetización digital y uso pedagógico de herramientas tecnológicas, aunque la discusión que ahora impulsan los docentes apunta a dar un paso más: convertir esos lineamientos generales en un espacio curricular obligatorio, con horas, contenidos, cargos y cobertura en todos los turnos y regiones.

Por ahora no se conoció en los canales oficiales de la Legislatura rionegrina un proyecto identificado con esa reforma puntual de la Ley 4819. La iniciativa circula como planteo público y sectorial, con el objetivo de instalar el debate en el sistema educativo y en la agenda política provincial. El punto a resolver, si avanzara, sería cómo compatibilizar una eventual definición legislativa del derecho con la competencia del Consejo Provincial de Educación para fijar diseños curriculares, implementación y perfiles docentes.