El Gobierno nacional sancionó con $1.844 millones a la empresa propietaria del buque español Farruco, luego de detectar que operaba dentro de la Zona Económica Exclusiva Argentina. La medida fue dispuesta por la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, a través de la Subsecretaría de Recursos Acuáticos y Pesca, en el marco de la Disposición 20/2026.

Según la información oficial, la infracción fue constatada con intervención de la Prefectura Naval Argentina y de sistemas de detección electrónica que permitieron ubicar a la embarcación en aguas bajo jurisdicción argentina. La multa equivale a 1.000.000 de Unidades de Pesca.

La sanción se inscribe en una política que el Gobierno define como de “tolerancia cero” frente a la pesca ilegal. Desde el área pesquera señalaron que la medida busca defender la soberanía sobre los recursos marinos y proteger la actividad pesquera nacional, en un contexto de controles reforzados sobre la flota extranjera que opera en el Atlántico Sur.

Con esta nueva decisión, el Farruco pasó a integrar la lista de buques extranjeros sancionados en 2026 por incursiones o maniobras consideradas irregulares en la zona exclusiva argentina. De acuerdo con la información difundida por el propio Gobierno, se trata del quinto caso registrado en el año.

La resolución se apoya en un esquema legal que habilita a la Prefectura Naval a intervenir como policía auxiliar pesquera y a colaborar en las tareas de vigilancia, control y constatación de infracciones en el mar. También descansa en herramientas tecnológicas que, según el Ejecutivo, permiten detectar patrones compatibles con actividad pesquera dentro del área protegida.

En meses anteriores, el Estado ya había aplicado sanciones a otros buques de bandera extranjera, en una estrategia oficial que apunta a frenar incursiones dentro de la ZEEA. En ese marco, las multas se presentan además como un mecanismo económico de disuasión para desalentar nuevas operaciones irregulares.

La discusión sobre la pesca ilegal en el Mar Argentino volvió a tomar fuerza este año por la presión de flotas extranjeras sobre los recursos del área adyacente a la milla 200. En paralelo, el Gobierno nacional insiste en que el control marítimo y la aplicación de sanciones forman parte de una política de defensa de la soberanía y de preservación del recurso pesquero.