La problemática del basural de Bariloche volvió a instalarse en la agenda legislativa provincial con dos proyectos presentados con un día de diferencia por bloques opositores. Ambas iniciativas buscan abrir una salida regional para la gestión de los residuos, pero difieren en el instrumento institucional que proponen para encarar la transición.

El primer expediente, impulsado por Lorena Matzen, Javier Acevedo, Yolanda Mansilla y Leandro García, plantea crear una comisión interjurisdiccional específica para Bariloche, Dina Huapi y Pilcaniyeu. La propuesta apunta a coordinar un plan regional de gestión integral de residuos sólidos urbanos, con estudios técnicos, ambientales y de financiamiento, además de un cronograma para el cierre progresivo y la remediación del actual vertedero.

Ese esquema prevé también la elaboración de alternativas para la radicación de un centro ambiental regional y fija plazos concretos: un informe preliminar a los 90 días y un plan de transición en 180 días. La comisión estaría integrada por representantes del Poder Ejecutivo, la Legislatura, los municipios alcanzados, juntas vecinales, organizaciones ambientalistas y recicladores.

La segunda iniciativa reúne a legisladores de Vamos con Todos, PJ-Nuevo Encuentro, PRO, Cambia Río Negro y La Libertad Avanza, entre otros espacios, y propone un régimen jurídico más amplio para constituir entes interjurisdiccionales de gestión de residuos. A diferencia del primer proyecto, no se concentra en la cordillera sino que deja abierta la posibilidad de conformar organismos regionales o intermunicipales entre dos o más localidades.

Ese ente tendría a su cargo tareas de reducción, separación, recuperación, reciclado, valorización, tratamiento y remediación, además de la administración de celdas de disposición final, estaciones de transferencia y la coordinación logística. El texto también prevé un consejo asesor, un órgano de fiscalización y control y la intervención del Tribunal de Cuentas provincial.

La discusión política por el vertedero de Bariloche ya había ganado volumen en las últimas semanas, con pedidos de informes y reclamos para que Provincia y Municipio aclaren qué avances hubo en la remediación y en la definición de un sitio de disposición final regional. En paralelo, el tema también viene atravesando el debate local por el futuro del actual sistema de tratamiento y por la necesidad de resolver el impacto ambiental del predio.

En ese contexto, las dos propuestas legislativas reflejan un diagnóstico compartido sobre la urgencia del problema, pero también diferencias sobre el método para resolverlo: una salida acotada a la cordillera, con una comisión de trabajo y transición, y otra de alcance más general, orientada a crear un marco legal para futuros entes regionales en toda la provincia.

Ahora será la Legislatura la que deba definir si ambas miradas pueden complementarse o si una de ellas terminará ordenando la discusión sobre el futuro del basural barilochense, uno de los conflictos ambientales más sensibles de la región andina.