El Gobierno nacional prepara un proyecto para endurecer las sanciones contra actividades económicas vinculadas con las Islas Malvinas y analiza incorporar expresamente a la pesca entre los rubros alcanzados. La iniciativa, que modificaría la Ley 26.659 —conocida como Ley Pino Solanas—, sería enviada al Congreso el próximo lunes, según la información oficial y las versiones coincidentes difundidas por distintos medios.

La propuesta apunta a ampliar el alcance de la normativa vigente, que hoy sanciona a personas físicas y jurídicas que participen en la exploración o explotación de hidrocarburos en la Plataforma Continental Argentina sin autorización. El texto actual prevé inhabilitaciones y otras penalidades administrativas, y fue el antecedente legal sobre el que la administración de Javier Milei montó su reciente ofensiva contra operadores vinculados a la cuenca Malvinas.

En los últimos días, la Casa Rosada avanzó con procedimientos sancionatorios contra empresas y personas que, según la comunicación oficial, habrían violado las prohibiciones de esa ley en actividades hidrocarburíferas alrededor del archipiélago. El 4 de septiembre, el Ejecutivo informó el inicio de actuaciones contra 45 sujetos, y luego amplió el universo alcanzado con otros 15 procedimientos, en paralelo a la denuncia penal presentada contra firmas petroleras.

La discusión sobre sumar a la pesca cobró volumen después de la cadena nacional presidencial y también en el Congreso, donde voces opositoras reclamaron que el endurecimiento no quede limitado al petróleo. Desde el Gobierno, en tanto, se evalúa que la futura ley abarque “todo el resto de los negocios” vinculados con la explotación de recursos en el área, incluidos los pesqueros, bajo la misma lógica de sancionar operaciones consideradas ilegítimas por Argentina.

El contexto de fondo es el avance del proyecto offshore Sea Lion, impulsado por empresas extranjeras en aguas próximas a las islas, y la respuesta argentina para desincentivar inversiones y servicios asociados. En esa línea, el Gobierno ya había reforzado los controles para compañías que busquen ingresar al RIGI y endurecido el filtro sobre relaciones comerciales con actores ligados a Malvinas.

De acuerdo con las versiones públicas, el proyecto sería tratado en Diputados entre fines de septiembre y comienzos de octubre, con la intención oficial de darle un trámite rápido. En la mesa de redacción del texto participaron funcionarios de Defensa y de Relaciones Exteriores, mientras la Casa Rosada define si la presentación formal quedará a cargo de un ministro o de otro integrante del gabinete.

La posible inclusión de la pesca resulta especialmente sensible para una actividad de fuerte peso económico y laboral en la Argentina, en particular en la Patagonia. Si el Gobierno avanza con esa ampliación, el debate legislativo podría abrir una discusión más amplia sobre el alcance de las sanciones, los límites de la política soberana en el Atlántico Sur y el impacto sobre sectores productivos vinculados al mar.