Río Negro dio un paso decisivo para acelerar el proyecto Duplicar Norte, la nueva infraestructura de oleoductos que ampliará la capacidad de transporte de hidrocarburos desde el norte de la Cuenca Neuquina hasta Allen. A través del Decreto 838/26, el Ejecutivo provincial aprobó el acta acuerdo firmada con Oleoductos del Valle S.A. y declaró de interés público tanto la obra como la totalidad de las tareas vinculadas a su ejecución, en una señal política que busca destrabar permisos y ordenar el vínculo entre la empresa y el Estado provincial.

La iniciativa prevé un ducto de unos 207 kilómetros, de los cuales alrededor de 146 atravesarán territorio rionegrino entre Crucero Catriel y Allen. Según el texto oficial, el proyecto permitirá evacuar mayores volúmenes de producción del norte neuquino y de desarrollos no convencionales de Vaca Muerta también ubicados en Río Negro, integrándose al sistema de OLDELVAL y derivando parte del caudal hacia el oleoducto de VMOS S.A. La provincia sostiene que la ampliación es estratégica para sostener el crecimiento energético de la región y mejorar la salida del crudo hacia los mercados.

El acuerdo no sólo habilita el avance administrativo, sino que también fija un esquema económico concreto. OLDELVAL deberá pagar un aporte al desarrollo territorial de 4,64 millones de dólares, que se cancelará una vez ratificado el entendimiento por la Legislatura, y una tasa anual de control y fiscalización de 200 mil dólares a partir de 2027. Esos fondos, según la norma, deberán destinarse exclusivamente a obras y equipamiento vinculados a la calidad de vida, la seguridad, la sustentabilidad y el control estatal, sin uso para gastos corrientes.

La letra del convenio también otorga estabilidad fiscal y regulatoria por 30 años sobre el proyecto, con la promesa de no introducir nuevos gravámenes ni aumentar cargas sobre la obra, sus ampliaciones o instalaciones asociadas. Además, si Duplicar Norte logra ingresar al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones, el esquema provincial se adaptará a ese marco nacional. En la práctica, la Provincia se compromete a evitar cambios que encarezcan el negocio y a acompañar gestiones ante municipios para que no aparezcan obstáculos locales que alteren la viabilidad financiera de la inversión.

El impacto político y económico es claro para Río Negro y la Patagonia: la obra puede reforzar el rol de Allen como nodo energético y consolidar a la provincia en la cadena de valor de Vaca Muerta, al tiempo que abre una discusión sobre los márgenes de autonomía fiscal y regulatoria que el Estado rionegrino está dispuesto a ceder para atraer infraestructura de gran escala. El acuerdo fue firmado ad referéndum de la Legislatura, por lo que su entrada en vigencia definitiva dependerá de esa ratificación.

En la misma edición del Boletín Oficial, el Gobierno provincial difundió además el decreto que fija desde agosto de 2026 un nuevo valor punto para la Policía y el Servicio Penitenciario, que quedó en 3.526,10 pesos. La medida actualiza también las sumas remunerativas del personal policial y penitenciario, y extiende el beneficio a retirados y pensionados con alta de ANSES, con impacto directo en los ingresos de esas fuerzas a partir del próximo período de liquidación.

También se formalizó la creación de la Fiscalía Descentralizada y la Defensoría Penal con asiento en Sierra Grande, una decisión que fortalece la presencia judicial en el litoral atlántico y en una localidad estratégica para el desarrollo industrial y minero de la provincia. En paralelo, la Legislatura promulgó la ley que pone en marcha el protocolo de Alerta Sofía en Río Negro, obliga a recibir denuncias de manera inmediata y ordena una respuesta coordinada dentro de las tres horas ante casos de menores desaparecidos, con participación de la policía, el Ministerio Público, Salud y organismos de niñez.

La agenda provincial quedó atravesada así por dos ejes de fondo: infraestructura y seguridad institucional. Mientras el acuerdo con OLDELVAL apunta a garantizar condiciones estables para una obra energética de escala regional, las nuevas leyes y el refuerzo de estructuras judiciales y salariales muestran una administración que busca, al mismo tiempo, acelerar inversiones, ordenar el Estado y dar respuestas más rápidas en áreas sensibles para la Patagonia rionegrina.