El Gobierno de Río Negro formalizó una actualización clave del programa provincial de Suelo Urbano, al aprobar modificaciones y un texto ordenado de su reglamentación para dar mayor precisión a la operatoria de lotes con servicios, la intervención del Instituto de Planificación y Promoción de la Vivienda y el funcionamiento del Banco de Tierras. La medida apunta a ordenar el esquema vigente, corregir errores materiales del decreto anterior y dejar más claro cómo se evalúan, financian y ejecutan los proyectos habitacionales en la provincia.

El cambio más sensible está en el sistema de recupero: quienes accedan a un lote con infraestructura, o sólo a infraestructura, deberán pagar cuotas mensuales y consecutivas calculadas en función de los ingresos familiares y del salario mínimo, vital y móvil. La escala va del 5% del SMVM para grupos con ingresos de hasta 1,5 salarios mínimos al 50% para quienes superen los ocho y lleguen hasta diez salarios mínimos, lo que busca ajustar el valor de la cuota a la capacidad económica de cada hogar.

La reglamentación también ordena con más detalle los pasos previos a la entrega de lotes. Para que un proyecto avance, deberá contar con la validación de un Plan Maestro, con certificados de aptitud dominial y urbanística, y con la intervención de los municipios y de los organismos técnicos cuando corresponda. En la práctica, esto endurece la etapa de evaluación y busca evitar demoras, conflictos de escrituración y obras inconexas en desarrollos nuevos.

Otro punto central es que el texto reafirma que el Programa Río Negro Suelo Urbano no es sólo un sistema de adjudicación de parcelas, sino también una herramienta de planificación territorial. El Banco de Tierras queda como registro y gestión de inmuebles disponibles, mientras que el Consejo Provincial del programa conserva el rol decisorio sobre las políticas y proyectos que se impulsen. La norma además fija que el Instituto de Planificación y Promoción de la Vivienda será responsable de implementar los cambios aprobados.

En paralelo, el Ejecutivo provincial dio oxígeno financiero a tres municipios del Valle Medio y la Región Sur. Luis Beltrán, Ñorquinco y Sierra Colorada получили una ampliación de plazo de 90 días hábiles para regularizar rendiciones pendientes de subsidios y aportes no reintegrables ya otorgados. La decisión destraba trámites que estaban frenados por vencimientos administrativos y habilita a esas comunas a cerrar expedientes y volver a gestionar nuevos fondos provinciales.

La combinación de ambas decisiones marca una línea de trabajo que afecta de lleno a la política habitacional y a la administración local de recursos. Por un lado, la Provincia intenta ordenar un programa estratégico para generar suelo urbano y, por otro, evita que municipios chicos queden bloqueados por atrasos en la rendición de ayuda financiera. En ambos casos, el efecto práctico es el mismo: dar continuidad a obras, trámites y adjudicaciones que dependen de la firma provincial para seguir avanzando.

La nueva reglamentación rige desde su publicación y reemplaza, con el texto ordenado aprobado, las versiones previas que habían quedado con errores de numeración y redacción. Para los beneficiarios del programa, el impacto será concreto en el cálculo de las cuotas y en los requisitos de acceso; para los municipios, en cambio, la prórroga les permite ganar tiempo para ponerse al día con la documentación y no perder la posibilidad de recibir nuevos aportes.