La megacausa por los presuntos certificados médicos truchos que involucra a más de 120 policías y docentes de Río Negro sumó este miércoles una discusión de fondo en los tribunales de Viedma: las defensas pidieron que el expediente deje la Primera Circunscripción Judicial y pase a tramitarse en el Alto Valle, mientras que la Fiscalía y la querella sostuvieron que la causa debe seguir en la capital provincial.

El planteo se dio en la primera audiencia de la tanda prevista por el caso, que en principio iba a tener formulaciones de cargos pero terminó centrada en excepciones procesales. Según lo resuelto, las próximas audiencias continuarán con ese mismo objetivo hasta el 9 de octubre, en un esquema dividido en varias jornadas por la cantidad de imputados y defensores involucrados.

Las defensas argumentaron que la supuesta maniobra se habría desarrollado principalmente en General Roca y otras ciudades del Alto Valle, donde —según su versión— se confeccionaban y retiraban los certificados, se presentaban ante las reparticiones y se encontraban la mayoría de los acusados, testigos y lugares de trabajo. También cuestionaron la distancia entre Viedma y las localidades donde residen o prestan servicio la mayoría de los imputados, y remarcaron las dificultades logísticas de sostener el proceso de manera virtual.

Del lado de la acusación, en cambio, se sostuvo que el uso de los certificados sería solo una parte de una maniobra más amplia orientada a defraudar al Estado provincial. La Fiscalía planteó que el perjuicio económico se habría producido en Viedma, donde funciona la administración central encargada de liquidar los salarios, y que por eso corresponde mantener la causa en la Primera Circunscripción.

La querella acompañó esa postura y señaló que el objetivo final no habría sido el certificado en sí, sino el efecto patrimonial que esos documentos habrían generado en la administración pública. Además, remarcó que buena parte de la prueba ya fue procesada en organismos con asiento en la capital provincial, lo que refuerza —según esa posición— la conveniencia de sostener allí el expediente.

En la audiencia intervinieron los fiscales Juan Pedro Peralta y Francisco Marano, junto con el representante del Gobierno provincial Federico Rosbaco. También participaron los abogados defensores María Paz Álvarez, Diego Broggini y Nicolás Suárez Colman, además de los tres médicos señalados como presuntos partícipes necesarios, a quienes se les atribuye haber extendido los certificados que luego habrían sido utilizados por policías y docentes para justificar inasistencias y cobrar haberes completos.

El juez Adrián Dvorzak dio por planteadas las excepciones procesales y resolvió diferir su decisión hasta concluir la ronda de audiencias ya fijada. Recién después de ese tramo, la causa podrá avanzar hacia la formulación formal de cargos, en un expediente que ya lleva más de dos años de tramitación y que promete seguir concentrando atención judicial y política en Río Negro.