El Senado convirtió este jueves en ley la reforma del Régimen de Zona Fría, un cambio que achica el universo de beneficiarios del subsidio al gas y reconfigura la ayuda estatal en regiones fuera de la Patagonia, la Puna y Malargüe. La votación terminó 38 a 8, en una sesión atravesada por maniobras para demorar el tratamiento y por la ausencia del peronismo en el recinto.

La nueva norma, que ahora deberá ser promulgada por el Poder Ejecutivo, revierte la ampliación aprobada en 2021 e impacta especialmente en departamentos de Córdoba y en localidades de otras provincias que hasta ahora accedían al descuento en la factura de gas. Según los cálculos oficiales difundidos durante el debate, unos 1,6 millones de usuarios perderían el beneficio, mientras 1,8 millones lo mantendrían.

El recorte más fuerte alcanza a los hogares que quedaron incorporados en la ampliación de hace cinco años. En Córdoba, por ejemplo, dejan de estar cubiertos de manera general 13 departamentos que habían sido incorporados al régimen, con unas 688.000 familias alcanzadas, de acuerdo con estimaciones del gobierno provincial. Desde ahora, solo conservarán la ayuda plena quienes integren hogares de menores ingresos inscriptos en el esquema de Subsidios Energéticos Focalizados.

En paralelo, la reforma sostiene el beneficio original para las regiones de la Patagonia y la Puna, además de la ciudad mendocina de Malargüe. Pero incluso en esos casos habrá un cambio en la fórmula de cálculo, porque el descuento pasará a aplicarse sobre el precio en el punto de ingreso y no sobre el total de la factura, que incluye transporte y distribución. Eso podría traducirse en boletas más altas que las actuales.

El debate llegó al final con tensión. Cuando el kirchnerismo se retiró del recinto en un intento por dejar sin quórum la sesión, la conducción del oficialismo buscó acelerar la votación. Hubo un pedido de cuarto intermedio y minutos de incertidumbre hasta que La Libertad Avanza alcanzó el número necesario para votar. Finalmente, la moción fue rechazada y el proyecto quedó aprobado sin cambios.

La sanción contó con el respaldo de los senadores de La Libertad Avanza y de buena parte de sus aliados. Entre los votos en contra se destacaron radicales de provincias afectadas por la reforma, como Mendoza, Santa Fe, Buenos Aires y La Pampa, además de los santacruceños José Carambia y Natalia Gadano, del bloque independiente.

En Córdoba, el impacto político también quedó expuesto. El gobernador Martín Llaryora había hecho del rechazo a la reforma una bandera y había alineado a intendentes y legisladores provinciales contra el proyecto. Sin embargo, el senador Luis Juez acompañó la ley y defendió su postura como una objeción al criterio de asignación del subsidio, mientras que la también cordobesa Carmen Álvarez Rivero votó a favor.

Entre quienes rechazaron la ley, el exgobernador mendocino Rodolfo Suárez sostuvo que la exclusión de su provincia resulta injusta y remarcó que la incorporación al régimen había respondido a una condición climática objetiva. En Santa Fe y en la provincia de Buenos Aires, otros senadores opositores advirtieron por el costo que la medida puede tener en hogares que todavía enfrentan una situación económica frágil.

Del lado oficialista, el Gobierno defendió la reforma como una forma de ordenar el esquema de subsidios y reducir el gasto público. La secretaria de Energía, María Tettamanti, había anticipado en el Senado un ahorro estimado de 400 millones de dólares por año. En el Congreso, la discusión quedó atada también a la pulseada política entre la Casa Rosada, los gobernadores y los bloques provinciales que resistieron el recorte.

Con la ley ya sancionada, el próximo paso queda en manos del presidente Javier Milei. La aplicación efectiva del nuevo esquema definirá en las próximas boletas cuántos usuarios conservarán el descuento y cuánto sentirán en sus facturas el cambio de régimen.