La Legislatura de Río Negro aprobó este jueves por mayoría la reforma de la Ley Orgánica del IPROSS, una modificación que cambia de raíz el esquema de afiliación de la obra social provincial y habilita a los agentes públicos activos y pasivos a elegir otra cobertura médica para ellos y su grupo familiar primario. La votación se dio en medio de fuertes críticas de la oposición y de representantes sindicales que siguieron el debate desde el recinto.

La iniciativa, impulsada por el gobernador Alberto Weretilneck, reemplaza la afiliación obligatoria por un sistema voluntario u optativo. Según el texto aprobado, quien opte por salir del IPROSS podrá derivar el 100% de su aporte personal —4% en el caso de los trabajadores activos y 5,5% para los pasivos— a la entidad que elija, mientras que la contribución patronal del 7% continuará ingresando al instituto provincial.

Ese diseño fue defendido por el oficialismo como una forma de preservar el carácter solidario del sistema y, al mismo tiempo, ampliar la libertad de elección. Desde Juntos Somos Río Negro sostuvieron que la reforma no implica privatización ni vaciamiento, y remarcaron que la posibilidad de cambio no alcanzará a cargos electivos o políticos, magistrados, funcionarios judiciales ni a las máximas autoridades de los poderes del Estado, organismos de control y empresas estatales.

La ley también prevé que los tratamientos en curso no se interrumpan al concretarse el cambio de cobertura y que, si la nueva entidad deja de brindar asistencia por una causa ajena al afiliado, la reincorporación al IPROSS sea automática y sin carencias. Además, se estableció que quienes elijan otra obra social deberán permanecer al menos 12 meses en esa cobertura antes de poder volver a optar, y que el retorno al instituto podrá pedirse luego de 36 meses.

Uno de los puntos más discutidos fue el impacto financiero del nuevo esquema. Mientras el oficialismo sostuvo que la medida fortalecerá al IPROSS al mantener dentro del sistema la contribución patronal, dirigentes opositores advirtieron que la salida del aporte personal podría afectar la caja del organismo y provocar una segmentación del riesgo sanitario. Entre los cuestionamientos, también aparecieron advertencias sobre una eventual “selección adversa”, es decir, que los afiliados más sanos o con mayores salarios sean los primeros en abandonar la obra social.

Los bloques Vamos con Todos y PJ-Nuevo Encuentro votaron en contra y reclamaron más información sobre la sustentabilidad del sistema antes de avanzar. Magdalena Odarda pidió suspender el tratamiento y realizar una auditoría del instituto; José Luis Berros comparó la iniciativa con reformas de corte liberal de los años 90; y Ayelén Sposito cuestionó que la propuesta no ofrezca una libertad real si el aporte personal no alcanza, por sí solo, para financiar una cobertura privada equivalente.

En la misma línea crítica, otros legisladores acompañaron la idea de la libre elección pero con objeciones al mecanismo. Gabriela Picotti y Martina Lacour plantearon reparos sobre las condiciones para derivar aportes, mientras que Javier Acevedo propuso un fondo de estabilización y una ventana anual para ejercer la opción, con el objetivo de amortiguar posibles impactos presupuestarios sobre el IPROSS.

A favor también se manifestaron legisladores de la UCR, ARI-Cambiemos, Primero Río Negro y PRO-Unión Republicana, con matices sobre el alcance del texto. En el cierre del debate, el presidente del bloque oficialista, Facundo López, insistió en que la reforma no desfinanciará al organismo y sostuvo que la competencia obligará tanto al IPROSS como a los prestadores a mejorar sus servicios.

Con la aprobación en la Legislatura, la discusión se traslada ahora al plano de la implementación y del impacto real sobre afiliados, jubilados y prestadores. La reforma abre una etapa nueva para el sistema de salud estatal rionegrino, con beneficios, riesgos y costos todavía por medir en la práctica.