Luego de la sesión legislativa en la que Río Negro aprobó la reforma del IPROSS, el legislador provincial Juan Murillo Ongaro denunció haber sido increpado por dirigentes y afiliados de UnTER en una estación de servicio de Viedma y anticipó que impulsará una presentación judicial. Según su relato, el episodio ocurrió anoche, después de casi 12 horas de debate parlamentario, cuando se retiraba del edificio legislativo.

Murillo Ongaro, integrante del bloque PRO-Unión Republicana, sostuvo que al salir del baño del shop del surtidor se encontró con un grupo que lo rodeó, le gritó insultos y lanzó amenazas. En su versión, la situación pasó rápidamente de un intercambio verbal a un clima de hostigamiento, con empujones de la multitud y expresiones intimidatorias. También afirmó que durante el episodio le arrojaron líquidos sobre el parabrisas de su vehículo.

El legislador aseguró que no sufrió una agresión física, aunque describió el hecho como un intento de amedrentamiento y dijo que buscará “fijar un límite institucional”. En ese marco, anticipó que pedirá las imágenes de las cámaras de seguridad del lugar y los videos que circularon en redes para intentar identificar a las personas involucradas y avanzar con las demandas correspondientes.

La denuncia se produjo en un contexto de fuerte tensión política y sindical por la reforma aprobada en la Legislatura, que habilita la libre elección de obra social para trabajadores estatales y modificó el esquema vigente del IPROSS. La medida había generado cuestionamientos de sectores gremiales, en particular de UnTER, que llevó adelante protestas durante el tratamiento parlamentario.

Murillo Ongaro dijo además que intentó dialogar con algunas de las personas presentes, aunque sostuvo que predominó un clima de agresión verbal y descalificación. En su exposición, distinguió entre la discusión institucional dentro del recinto y lo ocurrido afuera, al advertir que el conflicto no puede trasladarse a prácticas de escrache o presión personal.

Tras la difusión del episodio, el gobernador Alberto Weretilneck también rechazó los hechos y habló de conductas “antidemocráticas”. En un pronunciamiento oficial, consideró inadmisible cualquier forma de intimidación contra representantes elegidos por los rionegrinos y pidió que la representación gremial actúe con responsabilidad.

El caso abre ahora una nueva derivación judicial y política en torno a una reforma que ya venía atravesada por la confrontación entre el Gobierno provincial y sectores sindicales. Mientras avanza la discusión sobre el impacto de la ley en el financiamiento y la cobertura de la obra social estatal, la denuncia del legislador suma un capítulo de alto voltaje a una jornada marcada por la protesta y los cruces fuera del recinto.