La Legislatura de Río Negro sancionó una ley que exime a las asociaciones de Bomberos Voluntarios del pago de los servicios de agua potable y desagües cloacales en sus instalaciones de toda la provincia. Desde ahora, esas facturas serán afrontadas por el Estado rionegrino y no podrá cortarse el suministro en los cuarteles alcanzados por la norma.

La medida fue aprobada en la sesión ordinaria del jueves 24 de septiembre y difundida oficialmente el viernes 25, con el argumento de ordenar un esquema que hasta ahora convivía con distintos niveles de exención según normas previas. La nueva disposición busca un criterio único para todas las asociaciones reconocidas en Río Negro.

De acuerdo con la información legislativa, el proyecto fue impulsado por el Poder Ejecutivo y obtuvo dictámenes favorables en las comisiones de Planificación, Asuntos Económicos y Turismo; Asuntos Constitucionales y Legislación General; y Presupuesto y Hacienda, antes de llegar al recinto y quedar sancionado.

La cobertura alcanza a las instalaciones donde los Bomberos Voluntarios desarrollan sus actividades operativas. En los fundamentos del proyecto se había planteado que la Provincia asumiría íntegramente los costos, a través del Ministerio de Hacienda y con recursos de Rentas Generales, sin necesidad de reintegros posteriores por parte de las entidades.

Desde Aguas Rionegrinas respaldaron la norma y señalaron que permitirá dar previsibilidad a la relación con las asociaciones. El gerente general de la empresa, Javier Iud, sostuvo que la medida ordena el vínculo institucional y garantiza el acceso a servicios esenciales para quienes cumplen una función central en sus comunidades.

La decisión se inscribe en una serie de respaldos provinciales al sistema de Bomberos Voluntarios, que en Río Negro tiene reconocimiento legal específico y una relación histórica con el Estado provincial. En 2023, además, la Provincia había adherido al régimen tarifario especial previsto por la ley nacional 27.629 para este sector.

Con la nueva ley, las asociaciones dejarán de afrontar esos consumos en sus cuarteles y la Provincia pasará a absorber el costo. El cambio apunta a aliviar gastos operativos de instituciones que sostienen tareas de prevención, capacitación y respuesta ante emergencias en ciudades y parajes de todo el territorio rionegrino.