El Gobierno nacional intimó al Reino Unido a frenar la explotación petrolera en las Islas Malvinas, en especial el proyecto Sea Lion, y advirtió que, si no obtiene una respuesta en el plazo fijado, recurrirá al Tribunal Internacional del Derecho del Mar. La decisión fue formalizada este lunes por la Oficina del Presidente y difundida por Javier Milei, que habló de un “saqueo ilegal” de recursos argentinos.

Según el comunicado oficial, la Argentina pidió que se detenga el inicio o la continuidad de actividades vinculadas con hidrocarburos en la Cuenca Malvinas Norte y con cualquier medida que pueda agravar la situación, como el otorgamiento de nuevos permisos de explotación en la Plataforma Continental Argentina. La intimación fija un plazo de dos semanas y, en caso de incumplimiento, el Ejecutivo prevé iniciar el procedimiento de arbitraje previsto en el Anexo VII de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar.

La Casa Rosada sostuvo que la explotación unilateral de recursos en Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y las áreas marítimas circundantes es contraria al derecho internacional y provoca un perjuicio “irreversible e irreparable” sobre los derechos soberanos que reclama la Argentina. En el mismo texto, el Gobierno invocó resoluciones de la Asamblea General de la ONU que reconocen la disputa de soberanía y exhortan a evitar decisiones unilaterales mientras siga abierta la controversia.

El conflicto gira en torno al proyecto Sea Lion, impulsado en aguas del Atlántico Sur bajo administración británica. Días atrás, la Justicia federal de Tierra del Fuego ya había tomado intervención en una demanda vinculada con ese emprendimiento, al declararse competente en una presentación contra empresas asociadas a la iniciativa petrolera. En esa línea, el Gobierno también había endurecido su postura frente a las actividades que considera ilegítimas en el área.

Además de la vía internacional, el Ejecutivo anunció que abrirá procedimientos sancionatorios y presentará denuncias penales por vuelos que, según informó, una empresa británica habría realizado entre Malvinas y Punta Arenas con una aeronave de matrícula del Reino Unido y sin autorización argentina. La medida alcanza a la firma mencionada en el comunicado oficial y suma un frente diplomático y administrativo al reclamo por la explotación hidrocarburífera.

La estrategia del Gobierno se inscribe en una línea de endurecimiento que la administración Milei viene sosteniendo desde principios de septiembre, cuando ya había anunciado un paquete de medidas vinculadas con la defensa de la soberanía sobre Malvinas y el avance de Sea Lion. En los últimos días, además, el tema volvió a instalarse en la agenda pública tras el cruce diplomático con el Reino Unido y el respaldo argentino a nuevas acciones judiciales.

Por ahora, la advertencia argentina abre una cuenta regresiva de dos semanas para la respuesta británica. Si no hay cambios, el Gobierno prevé llevar el caso al tribunal internacional especializado en derecho del mar, en una nueva etapa de una disputa histórica que sigue sumando capítulos diplomáticos, judiciales y políticos.