El Gobierno volvió a postergar la aplicación plena de los impuestos a los combustibles y corrió para el 1° de noviembre los aumentos que estaban previstos para octubre. La decisión se oficializó este miércoles y alcanza al Impuesto sobre los Combustibles Líquidos y al Impuesto al Dióxido de Carbono, que inciden en el precio final de la nafta y el gasoil.

La medida llega después de una nueva ronda de incrementos en los surtidores. En los últimos días, varias petroleras aplicaron subas de entre 2,5% y 5% y YPF terminó acompañando con un ajuste promedio menor, en un contexto de presión por la suba internacional del petróleo. Con esta nueva postergación, el Ejecutivo busca evitar un traslado adicional a los precios internos en un momento sensible para la inflación.

Los tributos alcanzados por la decisión deberían actualizarse de manera trimestral en línea con la evolución del índice de precios al consumidor, pero el Gobierno viene aplicando solo una parte de esas subas y diferiendo el remanente. Según el esquema vigente, quedaron pendientes ajustes asociados a 2024, 2025 y a los dos primeros trimestres de 2026.

La última norma conocida había fijado el inicio del cronograma para octubre, pero el nuevo decreto volvió a moverlo un mes más. En la práctica, el cambio mantiene por más tiempo un alivio relativo en el surtidor, aunque también posterga la recomposición total de un impuesto que forma parte central de la recaudación nacional.

El costo fiscal de esa política ya es relevante. De acuerdo con estimaciones oficiales y cálculos difundidos en el sector, la pérdida de recursos por las postergaciones acumuladas en los primeros ocho meses de 2026 rondó los US$ 1.229 millones. Se trata de una cuenta que el Estado resigna para contener el impacto inmediato sobre los combustibles y, por esa vía, sobre el resto de la economía.

La decisión también tiene impacto en cadena. El gasoil incide en el transporte de cargas, la logística de alimentos, la producción agropecuaria y buena parte de la distribución minorista, por lo que cualquier suba termina derramando sobre múltiples rubros. Por eso, cada cambio en el esquema impositivo sobre combustibles suele tener efectos que exceden a los automovilistas.

En paralelo, el Gobierno ya dejó entrever que en 2027 buscaría recomponer esa recaudación. En el proyecto de Presupuesto enviado al Congreso, Economía prevé un salto de 59% en los ingresos por los impuestos sobre combustibles, una señal de que la postergación actual tendría un límite y que la actualización plena seguiría siendo parte de la hoja de ruta fiscal.