La Casa Rosada apura desde este tramo del año una ronda de acuerdos con gobernadores aliados y dialoguistas que busca asegurar votos en el Congreso, dar respaldo político a reformas pendientes y empezar a ordenar el tablero electoral de cara a 2027. Ese movimiento, que incluye conversaciones con mandatarios de distintas provincias, ya empieza a generar tensiones en La Libertad Avanza por una razón simple: cada pacto territorial obliga a definir si el oficialismo cede espacio a los gobernadores o impulsa candidatos propios para disputarle poder a sus aliados.

El impulso político de esa estrategia quedó ratificado en la agenda oficial, con reuniones recientes del Presidente y su equipo con gobernadores en Casa Rosada y en encuentros internacionales, en paralelo a la discusión por el Presupuesto y otras reformas que el oficialismo quiere encarrilar en el Congreso. En el Gobierno sostienen que el objetivo es consolidar gobernabilidad y ampliar apoyos, pero en el espacio libertario conviven dos lógicas: la de construir alianzas amplias y la de no resignar estructura territorial para la próxima elección presidencial.

Esa tensión ya se ve con fuerza en Salta, donde se abrió una disputa interna por el sello y por el liderazgo local, con sectores que miran de reojo un eventual entendimiento con el gobernador Gustavo Sáenz, uno de los mandatarios que más se acercó a la Casa Rosada. También aparece en Buenos Aires, donde la discusión por las candidaturas depende del vínculo con el PRO y del modo en que el oficialismo nacional reparta roles entre dirigentes con anclaje legislativo y aspiraciones ejecutivas. En ambos casos, el acuerdo con un gobernador o con un socio provincial puede ordenar la gestión, pero al mismo tiempo congelar ambiciones propias dentro de La Libertad Avanza.

Neuquén es uno de los distritos donde se espera un entendimiento con Rolando Figueroa. Si ese esquema avanza, el interrogante inmediato será qué lugar quedará para la senadora Nadia Márquez, que viene construyendo una proyección propia hacia la gobernación. La misma lógica se repite en Río Negro, donde el oficialismo nacional baraja alternativas entre nombres con llegada directa a la conducción partidaria y figuras con mayor exposición territorial. Allí, además, pesa la relación que el gobierno provincial de Alberto Weretilneck mantiene con la Casa Rosada en asuntos de infraestructura, rutas y energía.

En Mendoza, la discusión pasa por la incomodidad que genera en Alfredo Cornejo la posibilidad de que Luis Petri se convierta en la carta fuerte para la sucesión. Ese caso condensa una de las claves del momento: los acuerdos nacionales pueden fortalecer la gobernabilidad provincial, pero también alterar la ingeniería local de cada socio. En el oficialismo nacional creen que una parte de esas tensiones se resolverá con el criterio de quién garantiza más obediencia legislativa y más disciplina política, una lógica que hoy manejan en tándem Diego Santilli, Martín Menem, Eduardo “Lule” Menem y Karina Milei.

El mapa se replica en otras provincias. En Chubut, las conversaciones con Ignacio Torres podrían desplazar las aspiraciones propias de la tropa libertaria. En San Juan, el oficialismo mira de cerca a Marcelo Orrego y evalúa si acompaña su armado o si sostiene una candidatura de línea pura, mientras en Misiones la definición depende de la interna del oficialismo provincial. En Catamarca, la Casa Rosada aparece más cerca de aceptar un entendimiento con el esquema de Raúl Jalil, y en Corrientes el vínculo con Gustavo Valdés también se lee en clave de acuerdos legislativos y proyección a 2027.

La discusión de fondo es política, pero también de supervivencia. Si La Libertad Avanza apuesta a pactar con gobernadores para garantizar reformas y estabilidad, deberá convivir con el reclamo de dirigentes propios que quieren competir en sus provincias y no quedar subordinados a alianzas de corto plazo. Si, en cambio, privilegia candidaturas puras, corre el riesgo de debilitar los entendimientos que hoy necesita para avanzar en el Congreso y sostener el programa económico. En la práctica, el Gobierno camina sobre una línea fina: sumar gobernabilidad ahora sin desarmar, al mismo tiempo, su estructura para la pelea de 2027.