El Gobierno nacional apelará el fallo del juez federal Martín Cormick que ordenó aplicar de manera inmediata la Ley de Financiamiento Universitario y declaró inconstitucional el decreto que había condicionado su ejecución. La decisión judicial reactivó una pulseada que ya lleva meses entre la Casa Rosada, el Congreso y las universidades públicas, con impacto directo sobre salarios, becas, investigación y gastos de funcionamiento.

En la administración de Javier Milei sostienen que la norma no puede ponerse en marcha sin respaldo presupuestario suficiente y preparan la presentación para intentar revertir el criterio de primera instancia. En paralelo, desde el área de Capital Humano descartaron una mesa de negociación con las universidades y dejaron claro que la discusión seguirá por la vía judicial.

El fallo de Cormick hizo lugar a los amparos promovidos por el Consejo Interuniversitario Nacional, la Universidad de Buenos Aires y otros actores del sistema universitario. El magistrado consideró que el decreto 759/2025, con el que el Ejecutivo promulgó la ley de forma condicionada, operó en los hechos como un segundo veto y chocó con la obligación constitucional de promulgar una norma que ya había sido insistida por el Congreso.

La Ley de Financiamiento Universitario, sancionada por el Congreso en 2025, prevé recomposición presupuestaria, actualización salarial y fondos para becas e investigación. Según la discusión judicial que rodea al caso, el punto central está en si el Poder Ejecutivo puede frenar su aplicación por razones fiscales o si, una vez rechazado el veto presidencial, debe limitarse a ejecutarla tal como fue aprobada por ambas cámaras.

El Gobierno, en cambio, insiste en que la medida comprometería el equilibrio fiscal y que el financiamiento de una norma con impacto presupuestario debe resolverse en el Congreso. Esa línea argumental ya había aparecido en presentaciones anteriores del Estado, mientras las universidades replican que la propia ley prevé mecanismos de reasignación de partidas y de actualización de recursos.

La controversia no es nueva. Antes de este fallo, la Justicia ya había dictado medidas favorables a las casas de estudio en el mismo expediente, la Cámara había intervenido en la causa y la Corte Suprema desestimó una queja del Gobierno, en una secuencia que fue consolidando el frente judicial de las universidades.

En ese contexto, el conflicto trasciende el expediente y vuelve a poner en agenda el financiamiento de las universidades públicas en todo el país, incluidas las de la Patagonia. Para el sistema universitario, la resolución abre la expectativa de una implementación plena de la ley; para el oficialismo, en cambio, el objetivo es ganar tiempo y llevar la discusión a una instancia superior.