El Gobierno autorizó la emisión y ampliación de deuda pública por hasta $ 221.119 millones para cancelar obligaciones pendientes con empresas constructoras vinculadas a obra pública nacional. La medida quedó formalizada en la Resolución Conjunta 59/2026 del Ministerio de Economía y alcanza pagos atrasados por certificados de obra, acopio de materiales y redeterminaciones de precios.

Según la norma publicada en el Boletín Oficial, la operatoria se aplicará a acreencias derivadas de contratos de obra pública correspondientes al período comprendido entre el 1 de enero de 2022 y el 31 de diciembre de 2025, además de compromisos pendientes de contratos extinguidos desde 2024. El esquema fue encuadrado en el régimen simplificado de extinción de obligaciones de contratos de obra pública que el Gobierno había establecido en julio.

La cancelación se instrumentará con tres títulos en pesos capitalizables: una Lecap con vencimiento el 30 de octubre de 2026, un Boncap al 15 de enero de 2027 y otro Boncap al 30 de abril de 2027. Los instrumentos habían sido emitidos originalmente en 2025 y ahora serán ampliados para cubrir los pagos reconocidos a contratistas.

La resolución fija que los títulos se entregarán al valor técnico del día hábil anterior a la operación. En los hechos, el Estado dejará de cancelar esas deudas en efectivo y utilizará deuda pública como mecanismo de pago, una herramienta que ya había empleado en otras áreas del sector energético.

Para el Ministerio de Economía, el esquema tiene una ventaja fiscal: la operación se registra como Aplicaciones Financieras, por lo que no debería impactar de manera directa en el gasto primario ni en el resultado fiscal al momento de la entrega de los bonos. Ese encuadre permite aliviar la presión sobre las cuentas públicas, en un contexto de ajuste del gasto y menor recaudación.

Del lado de las empresas constructoras, sin embargo, el monto autorizado aparece lejos de cubrir la totalidad de los reclamos que el sector dice tener acumulados. Relevamientos previos de la Cámara Argentina de la Construcción han estimado una deuda por certificados de obra superior a los $ 400.000 millones, cifra bastante por encima del cupo oficial ahora habilitado.

La decisión llega en medio de una retracción fuerte de la obra pública nacional, con obras paralizadas, contratos rescindidos y un mapa de reclamos que sigue abierto en distintas jurisdicciones. Para las empresas, la resolución ordena parte de esa deuda; para el Gobierno, preserva el objetivo de superávit fiscal sin resignar el compromiso asumido con determinados contratistas.

En términos prácticos, la medida abre una salida financiera para deudas acumuladas durante los últimos cuatro años y traslada su cancelación a instrumentos con vencimiento entre octubre de este año y abril de 2027. El alcance final dependerá de la adhesión de los contratistas y de la liquidación de cada acreencia reconocida por el Estado.