El Gobierno de Río Negro aprobó la declaración de comercialidad de las áreas hidrocarburíferas Confluencia Norte y Confluencia Sur y dispuso su unificación bajo el nombre de Área Unificada Confluencia, en una decisión que habilita a Phoenix Global Resources a avanzar con una Concesión de Explotación No Convencional de Hidrocarburos por 35 años. La medida, publicada en el Boletín Oficial provincial, consolida uno de los desarrollos más ambiciosos de la actividad petrolera en la provincia y fija un nuevo marco para la etapa productiva del proyecto.

El decreto establece que el plan arrancará con un pozo piloto de dos perforaciones horizontales y seguirá con un primer quinquenio de explotación que prevé 40 pozos y la construcción de la planta de tratamiento Confluencia. Para ese tramo inicial, la inversión comprometida asciende a USD 494,5 millones, mientras que el esquema global de desarrollo proyecta hasta 205 pozos y una inversión de largo plazo cercana a los USD 3.049 millones. La concesión regirá desde la publicación de la norma y obliga a la empresa a presentar la mensura definitiva del área unificada en un plazo de 60 días.

La autorización no llegó sola: la provincia también fijó condiciones económicas y de control. Phoenix Global Resources deberá pagar un bono de comercialidad de USD 5,05 millones, un aporte de infraestructura de USD 650.000 y una contribución extraordinaria por responsabilidad social empresaria de USD 1,3 millones. Además, EDHIPSA conservará un aporte de producción equivalente al 2,5% de los hidrocarburos extraídos, y cualquier incumplimiento del plan piloto o de las inversiones comprometidas podrá derivar en la caducidad de la concesión.

En paralelo, la Secretaría de Ambiente y Cambio Climático y el Departamento Provincial de Aguas impusieron requisitos específicos para la etapa de desarrollo. Cada proyecto deberá contar con estudios de impacto ambiental previos, planes de gestión de residuos, controles sobre suelo, agua y aire, monitoreo de acuíferos y medidas para el manejo del agua de producción. También se exigió cuidado especial sobre la disponibilidad hídrica y sobre la eventual sinergia operativa con otras áreas, en un esquema de fiscalización más estricto para una actividad que se expandirá en el sector oriental de la Cuenca Neuquina.

El mismo Boletín Oficial provincial trajo además una batería de leyes sancionadas por la Legislatura que cambian reglas sensibles para la administración pública y el sistema sanitario. La reforma del IProSS habilita a los afiliados obligatorios en actividad o pasividad a optar por derivar su cobertura a otra entidad, aunque excluye de ese derecho a cargos electivos, magistrados, funcionariado judicial y autoridades superiores. La norma también redistribuye aportes y contribuciones, fija permanencias mínimas y ordena al Ejecutivo reglamentarla en 120 días.

Otra ley crea un régimen especial para que las asociaciones de bomberos voluntarios queden eximidas del pago de agua potable y desagües cloacales en los inmuebles afectados a su actividad operativa, con cargo directo a Rentas Generales. La cobertura alcanza exclusivamente a instalaciones y consumos vinculados con prevención, capacitación, intervención y respuesta ante emergencias, y deberá entrar en vigencia una vez reglamentada por el Ejecutivo en un plazo de 90 días.

En materia laboral, la provincia sancionó un marco integral para promover la inserción de personas con discapacidad en el sector privado. El esquema prevé un crédito fiscal mensual sobre Ingresos Brutos para empleadores que contraten personal con discapacidad por tiempo indeterminado, con topes y cupos presupuestarios, además de controles sobre registración, estabilidad de la plantilla y condiciones de accesibilidad. La aplicación quedará en manos del Consejo Provincial de las Personas con Discapacidad y el Ministerio de Gobierno y Trabajo, en articulación con la Agencia de Recaudación Tributaria.

La agenda legislativa también incluyó la llamada Ley Federico, que ordena instalar tableros de comunicación aumentativa y alternativa en ámbitos de salud, educación, cultura, turismo, administración pública y espacios públicos, y la adhesión provincial a la Ley Nicolás, orientada a elevar la calidad y la seguridad sanitaria. En ese mismo paquete, la Legislatura declaró de interés el 50° aniversario de INVAP y avanzó con la protección patrimonial de la Bodega de los Salesianos en Luis Beltrán, mientras otras decisiones del Ejecutivo completaron el cuadro con obras, transporte y energía para distintas localidades rionegrinas.