La revocatoria contra el intendente suspendido de Allen, Marcelo Román, alcanzó las 4.579 firmas exigidas por la Carta Orgánica municipal y dejó el trámite a un paso de una votación popular que definirá si continúa o no al frente del Ejecutivo local. El Concejo Deliberante deberá ahora formalizar el cumplimiento del requisito y resolver la fecha del referéndum.

La adhesión reunida equivale al 20% del padrón municipal utilizado como base para este proceso y cierra una etapa que comenzó el 10 de septiembre, cuando el cuerpo legislativo habilitó cinco libros para recolectar firmas. Los impulsores de la revocatoria, de todos modos, mantuvieron abierta la convocatoria hasta este viernes 9 de octubre para intentar ampliar el respaldo vecinal.

La Carta Orgánica de Allen establece que, una vez alcanzado el piso exigido, el referéndum debe convocarse dentro de los plazos previstos y definirse por mayoría simple de votos válidos. En ese marco, el avance alcanzado no implica la salida automática de Román, sino la activación de la instancia institucional siguiente.

El proceso se suma a un conflicto político y judicial que se profundizó en julio, cuando el Concejo Deliberante aprobó su suspensión preventiva mientras avanzaba la investigación penal por presunto peculado y administración fraudulenta. Desde entonces, la conducción municipal quedó en manos de Fabián Figueroa.

En paralelo, la causa penal continúa en trámite y mantiene abierto otro carril para el futuro del intendente. La normativa local prevé que una condena firme habilitaría su destitución, mientras que una absolución podría permitirle recuperar el cargo si la suspensión siguiera vigente.

La discusión por la continuidad de Román también llegó al Superior Tribunal de Justicia de Río Negro, que tomó intervención en el conflicto de poderes entre el Ejecutivo y el Concejo Deliberante. En ese expediente, la Procuración General consideró que el legislativo no se había extralimitado al impulsar el mecanismo de revocatoria.

El caso vuelve a instalar en Allen una herramienta excepcional de participación ciudadana prevista en la Carta Orgánica, con efectos directos sobre la conducción política del municipio. Si el Concejo formaliza el avance del trámite, serán los vecinos quienes terminen de definir el futuro del jefe comunal en las urnas.