El diputado nacional Guillermo Michel presentó un proyecto para que la Argentina denuncie dos acuerdos vigentes con Chile y deje sin efecto beneficios fiscales y de protección a las inversiones, tras la reactivación de una ruta comercial marítima entre Punta Arenas y las Islas Malvinas. La propuesta se apoya en la decisión de una naviera chilena de restablecer un servicio regular con el archipiélago bajo administración británica, un gesto que volvió a tensar la agenda bilateral en torno a la cuestión de soberanía.

La iniciativa apunta al Tratado sobre Promoción y Protección Recíproca de Inversiones, aprobado por la Ley 24.342, y al Convenio para Evitar la Doble Imposición y Prevenir la Evasión y Elusión Fiscal, aprobado por la Ley 27.274. Michel sostuvo que no corresponde mantener esos beneficios para empresas de un país que, a su criterio, habilita negocios vinculados a Malvinas sin autorización argentina.

Según los fundamentos difundidos por el legislador, el Poder Ejecutivo debería instruir a Cancillería para iniciar el proceso formal de denuncia de ambos instrumentos y luego informar al Congreso la fecha en que la notificación produzca efectos para la República Argentina. El planteo no busca romper relaciones diplomáticas con Chile, sino revisar los alcances económicos de los acuerdos vigentes.

La controversia se disparó por la reapertura de una conexión marítima regular entre Punta Arenas y las islas, operada por el buque Danstar, de bandera chilena y vinculado a la naviera Easter Island Naviera, de acuerdo con la información difundida por Michel. En su mensaje público, el diputado enmarcó la decisión en lo que consideró una falta de solidaridad de Chile con la posición argentina sobre Malvinas.

La disputa por la conexión con el archipiélago no es nueva. La propia Cancillería argentina había señalado en documentos oficiales que desde 1999 existió un vuelo regular entre Punta Arenas y las Islas Malvinas, con dos escalas mensuales en Río Gallegos, y también reclamó en distintos momentos el restablecimiento de servicios suspendidos durante la pandemia. En los registros oficiales, además, figura la ruta Río Gallegos-Punta Arenas como parte de la conectividad austral entre ambos países.

En paralelo, el Gobierno nacional endureció en las últimas semanas su posición frente a actividades vinculadas con Malvinas. A fines de septiembre, la Casa Rosada informó que ordenó iniciar procedimientos sancionatorios y denuncias penales por operaciones detectadas en la ruta aérea Islas Malvinas-Punta Arenas, además de impulsar un arbitraje internacional contra el Reino Unido por explotación hidrocarburífera en la cuenca Malvinas Norte.

La decisión de Michel se inscribe en ese contexto de mayor presión política sobre toda actividad económica que conecte a terceros países con las islas sin aval argentino. En términos legislativos, el proyecto abre un nuevo frente de discusión sobre hasta dónde deberían llegar las herramientas comerciales, tributarias y diplomáticas para sostener la posición histórica de la Argentina en la disputa por la soberanía.

El tema promete avanzar en el Congreso en medio de un escenario regional sensible, donde la coordinación con Chile ha sido clave para la conectividad del sur y para la logística austral. La discusión ahora quedará planteada entre la defensa de esa relación bilateral y la exigencia de condicionar cualquier beneficio económico a la postura que adopten socios vecinos frente a Malvinas.