La Justicia de Río Negro confirmó sanciones millonarias contra conductores que circularon sin la Revisión Técnica Obligatoria (RTO) vigente y luego no abonaron las multas aplicadas. Los fallos habilitan al Estado provincial a avanzar con el cobro judicial de las actas labradas por esa infracción.

Las ejecuciones fiscales fueron impulsadas por la Fiscalía de Estado ante el incumplimiento de automovilistas radicados en la provincia, que habían sido multados por transitar sin la oblea al día y no regularizaron su situación en tiempo y forma. El Juzgado en lo Contencioso Administrativo Nº 13 de Viedma, a cargo del juez Julián Fernández Eguía, dictó resoluciones recientes en ese sentido.

Según el esquema previsto por la Ley Provincial Nº 5.263, las sanciones viales se calculan en unidades equivalentes al valor de la nafta Infinia de YPF, lo que eleva de manera significativa el monto final cuando se agregan intereses y costas judiciales. En esos expedientes, las sumas quedarían ubicadas en una franja que va de los $700.000 a $1 millón por vehículo.

La RTO es un trámite obligatorio en Río Negro y en todo el país, ya que apunta a verificar el estado mecánico de los vehículos, detectar fallas a tiempo y reducir el riesgo de siniestros viales. La inspección debe realizarse una vez por año en vehículos particulares, de transporte de pasajeros y de carga.

En el caso de los autos particulares 0 km, la normativa contempla un período de gracia de dos años antes de la primera revisión. También existen exenciones específicas para vehículos destinados al traslado de personas con discapacidad, siempre que cuenten con la certificación correspondiente.

El control del cumplimiento se realiza en rutas e ingresos provinciales a través de inspectores, la Policía de Río Negro y la Agencia de Seguridad Vial. Además, la provincia mantiene plantas verificadoras habilitadas en distintas localidades para realizar el trámite y emitir certificados con validez nacional.

Con este marco, la decisión judicial refuerza el peso de una infracción que ya no se limita a la multa inicial, sino que puede terminar en una obligación económica mucho más alta para quienes desatiendan el pago y mantengan el vehículo fuera de regla.