El Gobierno promulgó la nueva ley de zona fría y abrió una etapa de cambios en el esquema de subsidios al gas. La norma, formalizada por el Decreto 1161/2026 y publicada este martes en el Boletín Oficial, mantiene las bonificaciones históricas para la Patagonia, Malargüe y la Puna, pero reduce el alcance del beneficio ampliado en 2021 y lo condiciona a requisitos socioeconómicos más estrictos en el resto de las zonas alcanzadas.

La ley modifica el Régimen de Zona Fría y deroga la mayor parte de la ampliación aprobada en 2021, que había extendido el descuento a localidades de distintas provincias fuera del esquema original. Desde ahora, el beneficio adicional no quedará atado solo al lugar de residencia, sino también a la inscripción en el Régimen de Subsidios Energéticos Focalizados y al cumplimiento de criterios de acceso definidos por la autoridad de aplicación.

En concreto, podrán conservar o acceder al subsidio los hogares con ingresos netos de hasta tres Canastas Básicas Totales para un hogar tipo 2, los que tengan integrantes con Certificado de Vivienda Familiar del ReNaBaP, quienes perciban pensión vitalicia como veteranos de guerra del Atlántico Sur y los hogares que cuenten con al menos una persona con Certificado Único de Discapacidad, bajo evaluación de la Secretaría de Energía sobre la necesidad de asistencia para afrontar el pago de servicios.

El cambio también modifica la forma de calcular la ayuda. La bonificación dejará de aplicarse sobre la tarifa total y pasará a calcularse sobre el precio del gas en el Punto de Ingreso al Sistema de Transporte, antes de sumar transporte, distribución, tasas e impuestos. En la práctica, aun los usuarios que mantengan el beneficio podrían ver una incidencia menor en el valor final de la factura.

La nueva ley preserva el tratamiento diferencial para la Región Patagónica, el departamento mendocino de Malargüe y la Puna, donde se mantiene el reconocimiento territorial histórico. Para el resto de las subzonas frías definidas por el Ente Nacional Regulador del Gas bajo la norma IRAM 11.603/12, la continuidad del subsidio dependerá ahora de la situación socioeconómica del hogar y de su incorporación al esquema focalizado.

El impacto potencial alcanza a un universo amplio. De acuerdo con estimaciones difundidas en torno al debate legislativo, más de 1,6 millones de usuarios de más de 90 municipios de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y Mendoza podrían quedar afuera del descuento automático si no cumplen con las nuevas condiciones. Un informe de IERAL Fundación Mediterránea citado en ese marco proyectó que una vivienda de Bahía Blanca con consumo promedio pasaría de pagar $19.945 a $39.890 si perdiera el beneficio.

Además de la reforma del régimen de zona fría, la ley prorroga incentivos para energías renovables y deroga regímenes de promoción vinculados a los hidrocarburos. También mantiene el Fondo Fiduciario para Subsidios de Consumos de Gas, que seguirá financiando el esquema con un recargo de hasta 7,5% sobre el precio del gas natural en el punto de ingreso al sistema de transporte, con vigencia hasta el 31 de diciembre de 2031.

La sanción parlamentaria había quedado firme a fines de septiembre y ahora resta la reglamentación del Poder Ejecutivo para ordenar la implementación práctica de los cambios. En las provincias del sur y en distritos que habían ingresado con la ampliación de 2021, el ajuste abre una nueva discusión por el alcance territorial del alivio tarifario y por la velocidad con que se aplicará el nuevo esquema.