Legisladores de los bloques Vamos con Todos y Cambia Río Negro presentaron ante la Legislatura de Río Negro una denuncia para promover el juicio político de cuatro integrantes del Superior Tribunal de Justicia, a quienes atribuyen presunto mal desempeño y una supuesta falta de independencia frente al Poder Ejecutivo provincial. En una presentación aparte, además, llevaron un planteo contra un juez del Tribunal de Impugnación ante el Consejo de la Magistratura.

La presentación legislativa alcanza a las vocales y los vocales Liliana Laura Piccinini, María Cecilia Criado, Sergio Gustavo Ceci y Ricardo Alberto Apcarian. Según los firmantes, el planteo no se limita a un expediente puntual sino que cuestiona criterios de funcionamiento judicial que, sostienen, habrían derivado en un “doble estándar” a la hora de investigar, tramitar o archivar causas sensibles para el poder político provincial.

El escrito fue impulsado por los legisladores José Luis Berros, Magdalena Odarda, Luciano Delgado Sempé, Ayelén Spósito y Fabián Pilquinao, de Vamos con Todos, junto con Patricia Mc Kidd, Santiago Ibarrolaza, Gabriela Picotti, Claudio Doctorovich, Daniel Sanguinetti y Marcela González Abdala, de Cambia Río Negro. La denuncia ingresó a la Sala Acusadora, el órgano legislativo que debe evaluar si corresponde habilitar el proceso de juicio político.

En paralelo, las bancadas denunciaron ante el Consejo de la Magistratura al juez del Tribunal de Impugnación Adrián Zimmermann. Ese trámite quedó fuera del expediente que involucra al Superior Tribunal, pero forma parte del mismo planteo político-institucional: un cuestionamiento a la actuación de distintos magistrados y funcionarios judiciales en causas que, de acuerdo con los denunciantes, podrían tener impacto sobre el gobierno provincial o su entorno.

Desde Vamos con Todos, José Luis Berros sostuvo que la Justicia rionegrina “maneja” el gobernador Alberto Weretilneck y advirtió que, si los magistrados responden a intereses políticos, la democracia queda en riesgo. Los legisladores, por su parte, insisten en que la independencia judicial es una condición básica para el sistema republicano y que sin ese equilibrio se resiente la confianza pública en la igualdad ante la ley.

La Constitución de Río Negro habilita a cualquier legislador o ciudadano a denunciar ante la Sala Acusadora a los funcionarios alcanzados por juicio político, y establece que los miembros del Superior Tribunal pueden ser destituidos por esas vías. La propia norma provincial prevé que el procedimiento se tramite con las formas del juicio político y con intervención de la Legislatura.

El planteo llega en un contexto de alta tensión entre sectores de la oposición y el oficialismo provincial, con reproches cruzados por fallos judiciales, investigaciones y decisiones institucionales vinculadas a causas de fuerte repercusión política. En ese marco, la denuncia busca abrir una discusión de fondo sobre el funcionamiento del Poder Judicial rionegrino y los mecanismos de control previstos por la Constitución.

Ahora, la Sala Acusadora deberá analizar la presentación y determinar si reúne los requisitos para avanzar. Si prospera, el caso podría escalar a una instancia decisiva dentro de la Legislatura y poner bajo revisión la actuación de los miembros del máximo tribunal provincial.