La salida de Daniel González de la Secretaría de Coordinación de Energía y Minería no frena, por ahora, una agenda cargada de decisiones para los próximos meses. En el centro aparecen la posible sanción en el Senado del llamado “Súper RIGI”, el avance del proyecto Argentina LNG, la licitación de la ampliación eléctrica AMBA I y la continuidad de las inversiones vinculadas con Vaca Muerta y la minería.

El Gobierno apuesta a que el régimen de grandes inversiones siga sumando adhesiones. En las últimas semanas, la administración nacional informó nuevos proyectos aprobados bajo el RIGI y reforzó la estrategia de presentar el esquema como una herramienta para atraer capital privado, acelerar exportaciones y generar empleo. González dejó planteado que el objetivo inmediato es conseguir respaldo legislativo para la ampliación del régimen, una iniciativa que ya obtuvo media sanción en Diputados y espera tratamiento en el Senado.

La discusión no es menor para la cadena energética e industrial. El propio Gobierno sostiene que el régimen apunta a destrabar inversiones en sectores como hidrocarburos, minería, infraestructura y manufacturas vinculadas a recursos naturales. En ese marco, también aparece la agenda de industrialización asociada a petroquímica, fertilizantes, hidrógeno y centros de datos, temas que quedaron señalados como parte de la próxima etapa del esquema de incentivos.

Otro de los hitos en carpeta es Argentina LNG, el proyecto que busca convertir a la Argentina en exportadora de gas natural licuado. YPF, Eni y XRG firmaron un acuerdo de desarrollo conjunto y la empresa petrolera estatal informó que la decisión final de inversión está prevista para el 26 de noviembre de 2026. La iniciativa proyecta una capacidad inicial de 12 millones de toneladas anuales de GNL y se apoya en la expansión de Vaca Muerta como base de abastecimiento.

En paralelo, el frente de infraestructura eléctrica sigue siendo una de las principales limitantes para el crecimiento del sistema. El Ministerio de Economía lanzó la licitación de AMBA I, la primera obra de transmisión de alta tensión pensada bajo un esquema privado, con respaldo financiero en estructuración del BID. La obra busca reforzar el transporte eléctrico en la zona de mayor demanda del país y forma parte de un plan de ampliación que, según la información oficial, prevé más de 5.600 kilómetros de nuevas líneas en todo el territorio.

Para el sector petrolero, Vaca Muerta sigue siendo el principal activo de mediano plazo. El Gobierno viene señalando que el desarrollo de la formación aún está lejos de su techo y que continúan sumándose proyectos al RIGI, en particular en el segmento de upstream y en obras de evacuación y exportación. La lectura oficial es que el salto productivo dependerá de inversiones sostenidas en pozos, ductos y capacidad de salida al mercado externo.

La minería también quedó entre los temas prioritarios. En la cartera económica destacan el avance de proyectos de cobre, litio y otros minerales estratégicos, con la expectativa de que las decisiones de inversión se traduzcan ahora en obras concretas. El Gobierno viene presentando ese proceso como una oportunidad para acelerar exportaciones y sumar divisas en una etapa en la que la minería busca ganar escala en la Patagonia y en otras regiones del país.

A esa agenda se suma un intento por ampliar el impacto local de las grandes inversiones. Para fines de octubre está prevista en Rosario la primera Ronda de Negocios RIGI, con la participación de grandes inversores y proveedores nacionales. La iniciativa apunta a conectar a las empresas beneficiarias del régimen con pymes argentinas y a aumentar el contenido local de los proyectos sin imponer cupos obligatorios.

Con González fuera del cargo, la hoja de ruta queda en manos de una estructura que ya tenía varios expedientes en marcha. Lo que venga en el Congreso, en las licitaciones y en las definiciones de inversión terminará de marcar si el ciclo abierto por el RIGI y por la expansión de Vaca Muerta consigue avanzar hacia una etapa de ejecución más concreta.