El Gobierno nacional dispuso que Río Negro, a través de Tren Patagónico o del operador que designe, quede a cargo de los servicios de transporte ferroviario de pasajeros entre Cipolletti y Neuquén, y también de los corredores que unen Villa Regina con Plottier y con el tramo hacia General Roca, Neuquén y Zapala. La medida fija un plazo de 120 días para que la Provincia presente su cronograma de implementación y, mientras tanto, la operadora estatal nacional seguirá prestando el servicio bajo las condiciones actuales.

La resolución, firmada por el Ministerio de Economía, también ordena que durante ese período la Secretaría de Transporte nacional acuerde con Río Negro y con quien resulte adjudicatario de la infraestructura ferroviaria las condiciones de circulación para asegurar la continuidad del servicio. En términos prácticos, el cambio traslada a la Provincia la responsabilidad exclusiva de la operación cuando comience la nueva etapa, en un esquema que busca sostener los trenes regionales sin interrumpir la conectividad cotidiana entre el Alto Valle y Neuquén.

En el plano provincial, el Boletín Oficial de Río Negro publicó el decreto que aprueba la licitación para construir el anexo del Servicio Penitenciario en Cipolletti y adjudica la obra a Ingeniería Consultora y Construcciones por 641,2 millones de pesos. La empresa tendrá 240 días corridos para terminar los trabajos, con un anticipo financiero del 15 por ciento y una partida adicional prevista para redeterminación de precios, lo que marca el inicio de una infraestructura largamente esperada para reforzar la capacidad carcelaria en la zona.

Otro decreto de alcance directo para la administración rionegrina crea una prestación complementaria no remunerativa para cubrir vivienda del personal de Vialidad Rionegrina afectado a la conservación y gestión de las rutas nacionales 22 y 151. El beneficio, transitorio y por hasta cinco años, podrá llegar a un tope mensual de 1,5 millones de pesos y sólo alcanza a agentes que acrediten alquiler vigente y la inexistencia de vivienda propia en un radio de 50 kilómetros del lugar de trabajo, una condición pensada para facilitar la radicación de técnicos y personal especializado en medio de la emergencia vial.

La modernización sanitaria provincial dio otro paso con la reglamentación de la receta electrónica, la telefarmacia y la prescripción diferida para tratamientos crónicos. Desde la entrada en vigencia de la norma, todas las farmacias habilitadas deberán recibir y validar recetas digitales mediante plataformas registradas, registrar cada dispensa y asegurar trazabilidad; además, se habilita la entrega a domicilio bajo responsabilidad del director técnico y del titular del establecimiento, con controles especiales para medicamentos sensibles y sin uso de estupefacientes ni psicotrópicos en la modalidad diferida.

En los hechos, la reforma busca que una receta pueda dispensarse en cualquier farmacia habilitada de la provincia, que el paciente reciba seguimiento profesional a distancia y que los tratamientos prolongados no dependan de una nueva receta cada mes. La Autoridad de Aplicación podrá dictar normas complementarias para resolver contingencias técnicas o falta de conectividad, mientras las farmacias ya instaladas deberán adecuarse al nuevo régimen en los plazos que fije Salud.

La agenda judicial también dejó movimientos relevantes para el Alto Valle. El Superior Tribunal convocó a concurso público externo para cubrir cargos de servicios generales en Villa Regina y para un puesto de escribiente en la misma localidad, con inscripción exclusivamente digital y requisitos de residencia, estudios secundarios y antecedentes. En paralelo, abrió otro concurso para un delegado o delegada de mantenimiento en General Roca, una función itinerante clave para el funcionamiento de la infraestructura judicial en la Segunda Circunscripción.

A eso se suma la actividad del Departamento Provincial de Aguas, que aprobó nuevas delimitaciones de ribera, servidumbres y permisos de uso de agua en distintos puntos de la provincia. Entre las decisiones más sensibles figura la ampliación por diez años del plazo para completar la sistematización de un proyecto de riego en el valle del río Negro y la autorización a Compañía MEGA para tomar agua del río Negro con destino a abastecimiento humano en una estación de bombeo de Cipolletti, con un caudal máximo de 1 metro cúbico por día, en una resolución que refuerza la tutela estatal sobre el recurso hídrico y sus usos productivos e industriales.