Río Negro dio un paso clave en la modernización de su sistema farmacéutico con la reglamentación de la Ley G N° 4.438, modificada por la Ley N° 5.850. A través del Decreto 970/26, el Poder Ejecutivo provincial fijó desde cuándo y bajo qué condiciones regirá la receta electrónica obligatoria, habilitó la telefarmacia, ordenó la entrega a domicilio de medicamentos y estableció criterios para que un mismo profesional pueda asumir la dirección técnica de más de una farmacia en circunstancias excepcionales. La medida entra en vigencia con su publicación en el Boletín Oficial y alcanza a todos los establecimientos habilitados en la provincia.

La receta electrónica pasa a ser de recepción obligatoria para las farmacias rionegrinas según el cronograma progresivo que disponga la autoridad sanitaria. Las farmacias deberán contar con sistemas capaces de verificar autenticidad, vigencia, identidad del prescriptor y trazabilidad completa de cada dispensa, además de impedir reutilizaciones y emitir constancias cuando el paciente las solicite. La normativa también exige que las plataformas estén inscriptas en el registro nacional correspondiente, lo que busca unificar criterios técnicos y reducir errores o fraudes en la dispensación.

El decreto también pone en marcha la telefarmacia como modalidad válida de atención profesional, siempre bajo responsabilidad del director técnico de una farmacia habilitada y a través de plataformas registradas. Ese mecanismo permitirá validar recetas, orientar sobre el uso de medicamentos, hacer seguimiento terapéutico y coordinar envíos a domicilio, aunque no podrá usarse para dispensar estupefacientes ni psicotrópicos. Las aplicaciones de mensajería común sólo quedarán habilitadas para el contacto inicial, la coordinación logística y el aviso de entrega, pero no para transmitir datos clínicos ni la receta misma.

Otra de las novedades más sensibles para la práctica cotidiana es la regulación de la prescripción diferida para tratamientos crónicos. La ley permite que una sola receta electrónica habilite dispensaciones mensuales o periódicas durante un máximo de seis meses, con bloqueo automático cuando se agote el cupo autorizado o cambie la situación clínica. En los hechos, esto busca evitar que pacientes con tratamientos continuos tengan que gestionar recetas nuevas todos los meses, sin resignar control profesional ni seguimiento sanitario.

La reglamentación también fija condiciones para la entrega a domicilio de medicamentos y productos descartables. La responsabilidad recaerá de manera solidaria sobre el director técnico y el titular de la farmacia, que deberán garantizar conservación, integridad y trazabilidad hasta la recepción por la persona autorizada, su representante, un cuidador o un responsable institucional. En localidades con una sola farmacia, o cuando montar un servicio propio resulte inviable, Salud podrá autorizar esquemas asociativos entre farmacias de la misma zona sanitaria para asegurar cobertura.

El decreto incorpora además criterios para situaciones de vacancia profesional. Un farmacéutico podrá dirigir técnicamente más de un establecimiento sólo de manera excepcional, por plazos de hasta seis meses renovables, cuando haya razones demográficas, falta de profesionales o dificultades reales para cubrir el cargo. La autoridad sanitaria podrá revocar esa autorización si cambian las condiciones, se incorpora otro profesional o se detectan incumplimientos. También se fijaron parámetros objetivos para medir la distancia entre farmacias, identificar zonas remotas y delimitar con precisión dónde hacen falta nuevas aperturas.

La decisión llega en un momento en que la Provincia viene reforzando la adaptación de sus servicios a cambios territoriales y demográficos. En el mismo Boletín Oficial se destacó, además, la habilitación de herramientas complementarias para que Salud dicte normas operativas y resuelva contingencias por falta de conectividad o interrupciones de sistemas. Con ello, el Gobierno apunta a que la transición hacia un esquema digital no deje vacíos en la atención ni complique el acceso de pacientes de ciudades, parajes y zonas rurales.

En paralelo, el Boletín Oficial provincial mostró otra prioridad de la gestión en obra pública: la aprobación y adjudicación de la construcción de la Unidad del Servicio Penitenciario en Cipolletti, por más de 641 millones de pesos, con un plazo de ejecución de 240 días. Aunque se trata de un frente distinto, ambas decisiones reflejan una línea de acción del Ejecutivo provincial orientada a ordenar servicios esenciales con reglas más precisas y con ejecución inmediata en territorio.