La Administración Nacional de la Seguridad Social oficializó la actualización de noviembre para jubilaciones, pensiones y asignaciones familiares con un incremento del 1,93%, que se aplicará sobre los valores vigentes desde este mes. La medida impacta de manera directa en millones de beneficiarios y también ajusta los límites de ingresos que determinan el acceso a las prestaciones familiares, un punto clave para trabajadores en relación de dependencia, monotributistas y titulares de distintos programas previsionales.

En el caso de los haberes previsionales, ANSES fijó el haber mínimo garantizado en $444.158,46 y el haber máximo en $2.988.765,82. También estableció nuevas bases imponibles para los aportes, que desde noviembre quedarán entre $149.592,45 y $4.861.685,38, valores que ordenan el cálculo de contribuciones y la determinación de aportes al sistema.

La actualización alcanza además a la Prestación Básica Universal, que pasará a $203.182,22, y a la Pensión Universal para el Adulto Mayor, que quedará en $355.326,77. Para quienes se retiren de la actividad desde el 31 de octubre o soliciten su jubilación a partir del 1 de noviembre, los salarios usados para calcular el beneficio se actualizarán con los índices aprobados por Seguridad Social para este período.

La resolución también confirma que las asignaciones familiares subirán en la misma proporción, con excepción de las previstas para ayuda escolar y otras prestaciones puntuales que tienen reglas específicas de actualización. El organismo aclaró que, cuando la aplicación del porcentaje arroje decimales, se redondeará al número entero siguiente, una precisión técnica que define el monto final que cobrará cada hogar.

A la vez, ANSES actualizó los rangos de ingresos del grupo familiar que habilitan el cobro de las asignaciones. Desde noviembre, si una de las personas del grupo familiar percibe más de $3.271.814, el grupo queda excluido del beneficio, aun cuando la suma total de ingresos no supere el techo general previsto en la escala.

El alcance de la medida es especialmente sensible en la Patagonia, donde una parte importante de los hogares depende de jubilaciones, pensiones y asignaciones para sostener ingresos en un contexto de inflación persistente. Aunque la suba acompaña la movilidad mensual prevista por ley, el ajuste sigue muy por detrás del costo de vida y obliga a los beneficiarios a recalcular sus ingresos reales frente a gastos que continúan presionando sobre el consumo cotidiano.

La resolución entra en vigencia con su publicación y rige para las prestaciones que se perciban o cuyos hechos generadores se produzcan desde noviembre de 2026. En la práctica, eso significa que los nuevos montos se verán reflejados en los pagos de este mes y en los controles de acceso a las asignaciones, sin necesidad de trámites adicionales por parte de los beneficiarios.