El Gobierno nacional oficializó este miércoles dos decisiones de impacto económico directo: por un lado, otorgó un bono previsional extraordinario de hasta 70.000 pesos que se pagará en noviembre a jubilados, pensionados y beneficiarios de asignaciones previsionales alcanzados por la ANSES; por el otro, prorrogó por un año el esquema transitorio de la factura de crédito electrónica MiPyME, que seguirá rigiendo con plazos de 21 días corridos hasta el 31 de octubre de 2027. La primera medida apunta a compensar parcialmente los ingresos más bajos del sistema previsional, mientras la segunda busca dar previsibilidad a empresas proveedoras y compradoras en la cadena comercial.

El refuerzo para adultos mayores alcanza a quienes cobran prestaciones contributivas administradas por la ANSES, a los titulares de la Pensión Universal para el Adulto Mayor y a beneficiarios de pensiones no contributivas por vejez, invalidez, madres de siete hijos o más y pensiones graciables. Según el decreto firmado por Javier Milei, Diego Santilli y Sandra Pettovello, el bono se pagará por titular y no por beneficio, de modo que en las pensiones compartidas se computará como un solo ingreso a esos fines.

La ayuda será completa para quienes perciban hasta un haber mínimo previsional garantizado. En los casos en que la suma de los haberes supere ese piso, el monto se ajustará hasta completar el tope equivalente al haber mínimo más el bono máximo previsto. El refuerzo será no remunerativo, no sufrirá descuentos y no se computará para ningún otro concepto, lo que garantiza que llegue íntegro al bolsillo de los beneficiarios que entren en la escala definida.

La medida entra en vigencia el mismo día de su dictado, por lo que ANSES quedó habilitada a dictar las normas operativas para su liquidación, control y eventual recupero de pagos indebidos. Además, la Jefatura de Gabinete deberá hacer las adecuaciones presupuestarias necesarias para financiar el desembolso de noviembre, un mes en el que el refuerzo volverá a concentrarse en los haberes más bajos del sistema.

En paralelo, la Secretaría de Industria, Comercio y de la Pequeña y Mediana Empresa resolvió sostener hasta el 31 de octubre de 2027 el régimen transitorio de la factura de crédito electrónica MiPyME. Desde el 1° de noviembre próximo, los plazos para aceptación, cancelación, rechazo e inscripción en el registro seguirán siendo de 21 días corridos, una extensión que reemplaza los tiempos más breves previstos originalmente por la ley.

La prórroga también mantiene fuera del régimen, hasta la misma fecha, a los comprobantes emitidos por pymes a empresas grandes cuando esas facturas se cedan antes de ser canceladas, rechazadas o aceptadas. En la práctica, la decisión preserva un esquema que venía siendo renovado desde hace varios años y que, según el propio Gobierno, permite a las empresas adaptar sus sistemas administrativos y de facturación a una operatoria que todavía no se ajusta a los plazos estrictos de la ley.

El argumento oficial para extenderlo otra vez fue la necesidad de evitar un descalce operativo en sectores que procesan grandes volúmenes de comprobantes y que, según el expediente, todavía requieren tiempo para adecuar sus circuitos internos. La continuidad del plazo de 21 días busca reducir rechazos por incumplimiento de tiempos legales y sostener el uso del instrumento como vía de financiamiento comercial para las pequeñas y medianas empresas, uno de los puntos más sensibles en un contexto de tensiones financieras en la economía real.