El Gobierno de Río Negro ordenó paralizar las tareas del proyecto minero Calcatreu, en cercanías de Ingeniero Jacobacci, por incumplimientos vinculados con la contratación y capacitación de mano de obra local. La decisión fue comunicada por la Provincia luego de advertir desvíos respecto de la aplicación de la Ley 80/20 y de acuerdos alcanzados en instancias de trabajo con la empresa, el Municipio, gremios y otros actores de la comunidad.

Según informó el Ejecutivo provincial, la medida apunta a exigir la regularización de esos compromisos y no supone, por ahora, un cambio de rumbo sobre la continuidad del emprendimiento de oro y plata. El mensaje oficial fue que el desarrollo minero seguirá teniendo respaldo institucional siempre que se respeten las condiciones laborales y territoriales planteadas desde el inicio del proyecto.

Entre los puntos observados por la Provincia figuran el incumplimiento del porcentaje de mano de obra rionegrina exigido por la normativa provincial y la falta de cumplimiento de compromisos asumidos en las Mesas de Trabajo Interinstitucionales. En esos encuentros participaron representantes de la Secretaría de Trabajo, el área minera provincial, la Municipalidad de Jacobacci, AOMA, UOCRA y la empresa operadora, con el objetivo de ordenar las incorporaciones laborales y priorizar a trabajadores de la Región Sur.

De acuerdo con esos acuerdos, las búsquedas de personal debían canalizarse a través de los registros oficiales del Municipio y del Servicio de Empleo Rionegrino, mientras que la compañía debía mantener actualizada la información sobre vacantes, perfiles requeridos y contrataciones efectivamente realizadas. También se había planteado la necesidad de integrar las bases de postulantes de los gremios con la bolsa laboral municipal para transparentar los ingresos.

Otro de los compromisos alcanzados era avanzar en programas de capacitación para reemplazar de manera progresiva puestos hoy cubiertos por personal de otras provincias con trabajadores de Jacobacci y de otras localidades rionegrinas. Ese esquema había sido presentado por el propio Gobierno como parte central de la política de empleo local aplicada a los grandes proyectos productivos.

La secretaria de Trabajo, María Martha Avilez, sostuvo que la Provincia acompaña el desarrollo de Calcatreu y de la actividad minera, pero remarcó que el objetivo oficial es que las inversiones dejen empleo, formación y oportunidades concretas en las localidades cercanas. En esa línea, planteó que el criterio del 80/20 debe ser entendido como un piso mínimo y no como un techo para la participación de trabajadores rionegrinos.

La decisión marca un contraste con el escenario que la propia Provincia había mostrado en junio, cuando informaba que Calcatreu superaba los 200 empleos directos, que alrededor de ocho de cada diez trabajadores eran rionegrinos y que casi la mitad del personal provenía de Ingeniero Jacobacci. En ese momento, además, se destacaba que el proyecto representaba una porción significativa de los nuevos puestos de trabajo registrados en Río Negro y que se proyectaban nuevas incorporaciones para la etapa siguiente de operación.

Calcatreu es considerado un emprendimiento estratégico para la nueva etapa minera de Río Negro. El proyecto, ubicado a unos 80 kilómetros de Ingeniero Jacobacci, fue presentado por el Gobierno como la primera operación de metales preciosos de la historia provincial. Patagonia Gold adquirió el activo en 2018 y obtuvo los permisos provinciales para su desarrollo en noviembre de 2024; en junio de 2026 la Provincia anunció el primer despacho de oro y plata del yacimiento.

En paralelo al impacto económico y exportador que el oficialismo le asigna a Calcatreu, el Gobierno venía sosteniendo desde 2025 un esquema de fiscalización laboral permanente sobre el cumplimiento de la Ley 5804, conocida como Ley 80/20, que fija un mínimo de trabajadores rionegrinos en obras y proyectos estratégicos. Ya en octubre del año pasado, en una inspección oficial, la Secretaría de Trabajo había informado que el emprendimiento registraba 79% de mano de obra local, apenas por debajo del piso exigido.

Hasta este viernes no se habían precisado públicamente los plazos de la paralización ni el detalle de los pasos administrativos que deberá cumplir la empresa para retomar tareas. La Provincia anticipó que continuará con los controles y que exigirá la regularización integral de los acuerdos laborales, de capacitación y de articulación territorial vinculados con el proyecto.