El intendente de Viedma, Marcos Castro, quedó involucrado este sábado en una denuncia penal presentada por el periodista Luciano Barroso, quien aseguró haber sido increpado e insultado por el jefe comunal y familiares durante un episodio ocurrido la noche del viernes en una pizzería de Carmen de Patagones.

Según la versión difundida por Barroso, el cruce se produjo cuando ambos coincidieron en un conocido local gastronómico maragato, que se encontraba con alta concurrencia. El periodista relató que debió ubicarse en una mesa cercana a la que ocupaban Castro, su pareja, su cuñado Nicolás Bambaci y otros allegados, y que desde allí comenzaron comentarios e insultos dirigidos hacia su persona.

De acuerdo con ese relato, la situación escaló cuando el grupo se disponía a retirarse. Barroso sostuvo que Bambaci le reprochó publicaciones periodísticas vinculadas con la gestión municipal y que, en ese marco, se produjo un intercambio verbal subido de tono. Siempre según su denuncia pública, luego se acercó el intendente y debió ser contenido por otras personas, mientras continuaban los insultos a la distancia.

En las horas posteriores, Castro rechazó esa versión. El jefe comunal negó haber agredido físicamente al periodista y afirmó que se pondrá a disposición de la Justicia para esclarecer lo ocurrido. En su descargo público, planteó que la secuencia habría sido una provocación y buscó despegarse de cualquier conducta violenta.

Testimonios citados en la cobertura del caso ubicaron el momento de mayor tensión cuando, antes de retirarse, uno de los familiares del intendente le habría dicho al periodista que no escribiera “boludeces”, frase a partir de la cual el intercambio habría subido de volumen. También se indicó que, tras salir del comercio, integrantes del grupo permanecieron algunos minutos en la puerta del local.

Barroso vinculó el episodio con publicaciones recientes sobre la administración municipal de Viedma, en especial con la contratación de un baño modular para la Feria Municipal. Ese expediente ya había quedado bajo observación política e institucional: concejales opositores presentaron pedidos de informes y una denuncia ante el Tribunal de Cuentas por presuntas irregularidades y un eventual conflicto de intereses.

Entre los puntos cuestionados en esa contratación aparece la participación de Nicolás Bambaci, mencionado en distintas presentaciones públicas y notas periodísticas como socio de la firma adjudicataria y familiar del intendente. El caso tomó estado público a fines de julio, cuando se conoció la presentación del concejal Julián Algañarás ante el órgano de control municipal para que analice el procedimiento administrativo y el posible perjuicio para las arcas comunales.

En ese contexto, Barroso sostuvo que su tarea se limitó a difundir información de interés público y enmarcó lo ocurrido como un intento de amedrentamiento por su trabajo periodístico. También afirmó que no sería un hecho aislado y que ya había atravesado otras situaciones de presión vinculadas con su labor.

Hasta el momento no se informó oficialmente desde la Justicia el contenido preciso de la denuncia ni eventuales medidas adoptadas a partir de la presentación. Tampoco surgieron, por ahora, precisiones formales del Municipio más allá del descargo público del intendente. Con ese escenario, el caso abre un nuevo frente de tensión política en Viedma, con derivaciones institucionales y un inevitable impacto sobre el debate por la libertad de expresión en la capital rionegrina.