El Instituto de Planificación y Promoción de la Vivienda de Río Negro estableció un régimen específico para que adjudicatarios de viviendas puedan designar a un cuidador cuando deban ausentarse de forma temporal por motivos de salud o laborales. La medida apunta a dar un marco formal a situaciones frecuentes, sin alterar la titularidad ni habilitar maniobras irregulares sobre las unidades.

La reglamentación fija que el permiso será excepcional y requerirá un trámite previo ante la delegación correspondiente del organismo. Para acceder, deberá acreditarse un vínculo familiar o una relación de cercanía con la persona propuesta para cumplir ese rol, además de la documentación que justifique la ausencia.

El IPPV aclaró que no se trata de una cesión de la vivienda, sino de una autorización transitoria para su cuidado mientras el adjudicatario permanece fuera. En ese sentido, el organismo buscó diferenciar esta figura de prácticas informales que en algunos casos derivan en conflictos por ocupación, alquiler o uso indebido de inmuebles sociales.

La autorización tendrá una duración limitada y, según la reglamentación, podrá otorgarse por un período de hasta un año. Solo en situaciones excepcionales, cuando existan razones debidamente fundadas, se prevé una renovación por un segundo año, sin posibilidad de extender el beneficio más allá de ese plazo.

El procedimiento exige que tanto el adjudicatario como el cuidador se presenten ante la delegación del instituto con sus documentos personales. También deberán acompañar certificados médicos o constancias laborales, según corresponda, para respaldar el pedido y permitir su evaluación administrativa.

Desde el organismo remarcaron que el objetivo es ordenar casos en los que la ausencia no implica abandono de la vivienda, pero sí requiere una cobertura legal mínima para evitar problemas posteriores. La regulación también busca resguardar el carácter social de las casas adjudicadas y garantizar que sigan destinadas al fin para el que fueron entregadas.

Con esta definición, el IPPV incorpora una herramienta de administración más precisa sobre el uso de las viviendas públicas. La decisión tiene impacto provincial porque establece criterios uniformes para situaciones sensibles y refuerza el control estatal sobre un patrimonio habitacional que suele quedar expuesto a vacíos normativos cuando sus ocupantes deben alejarse por un tiempo.