La causa judicial por el basurero petrolero de Comarsa, uno de los casos ambientales más sensibles vinculados al desarrollo de Vaca Muerta, sigue a la espera de una definición para llegar a juicio. La fiscalía de delitos ambientales ratificó que mantiene su acusación por contaminación peligrosa y advirtió que el saneamiento del lugar todavía no está resuelto.

El fiscal jefe Maximiliano Breide Obeid remarcó que la empresa no fue clara respecto del retiro de contaminantes y señaló que el expediente reúne elementos suficientes para sostener la acusación. Según indicó, incluso en superficie se detectaron grandes volúmenes de residuos, mientras persisten dudas sobre lo que ocurre en profundidad.

La causa tuvo demoras y derivaciones judiciales que postergaron el debate oral. El proceso quedó atravesado por planteos de suspensión del juicio a prueba y por recursos elevados al Tribunal Superior de Justicia, instancia de la que ahora depende una resolución clave para destrabar el caso.

Desde la fiscalía sostienen que no corresponde cerrar el expediente sin una evaluación completa del daño ambiental. El planteo apunta a evitar que la salida procesal deje sin respuesta una situación que, por su escala, excede a una infracción menor y se vincula directamente con pasivos generados por la actividad hidrocarburífera.

Breide Obeid también recordó que la investigación no se limita a la existencia histórica del basurero, sino a la necesidad concreta de remediación. En ese marco, insistió en que todavía falta sanear el predio y que la discusión judicial debe contemplar la magnitud del perjuicio ocasionado.

El expediente concentra atención pública porque pone bajo análisis el tratamiento de residuos de la industria petrolera en una zona clave para la expansión energética del país. El resultado del juicio, si finalmente se concreta, podría fijar criterios relevantes sobre responsabilidades empresarias y control estatal.

La postura del Ministerio Público es que la respuesta institucional debe ser proporcional al volumen del daño y al interés colectivo comprometido. Por eso, la fiscalía insiste en avanzar hacia una instancia oral que permita exponer pruebas, responsabilidades y estado real de la remediación.

En un contexto de crecimiento sostenido de Vaca Muerta, el caso Comarsa vuelve a poner en primer plano la tensión entre expansión productiva y exigencias ambientales. La definición judicial será observada de cerca por el sector energético, la política neuquina y las comunidades afectadas.